Las encuestas apuntan a que Bio y Karama reeditarán su reñida disputa en 2018 con la crisis económica como eje central de la campaña
MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
La población de Sierra Leona está llamada a las urnas este sábado para unas elecciones generales en las que el actual presidente, Julius Maada Bio, busca la reelección a un segundo mandato, en medio del ahondamiento de la crisis económica y tras las protestas registradas en agosto en la capital, Freetown, por el aumento del coste de la vida.
Así, el país acogerá las que serán sus quintas elecciones desde el final de la guerra civil (1991-2002), una jornada en la que también serán elegidos los miembros del próximo Parlamento y de los consejos locales, para lo cual están llamados a votar cerca de 3,4 millones de personas.
En total, trece personas han presentado su candidatura a la Presidencia, si bien los favoritos son Bio, líder del Partido Popular de Sierra Leona (SLPP) y presidente tras su victoria en las elecciones de 2018, y Samura Kamara, quien quedó en segundo lugar en dichos comicios.
Bio, oficial retirado del Ejército que ya encabezó el presidente del Consejo Supremo de Estado entre enero y abril de 1996 tras un golpe de Estado contra el gobierno militar de Valentine Strasser, ha centrado su campaña en mejorar la situación económica y la seguridad alimentaria en el país, al tiempo que ha rechazado las críticas a su gestión.
En este sentido, ha achacado gran parte de la situación económica que atraviesa el país africano se debe a la pandemia de coronavirus y el impacto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, si bien la oposición ha convertido esta grave crisis en el principal caballo de batalla para socavar su imagen e intentar sacarle del poder.
Karama, quien fuera ministro de Finanzas y Exteriores, así como gobernador del Banco Central, figura como su principal rival y ha hecho especial hincapié en un programa económico para reflotar el país centrado en la creación de empleos y en poner freno al aumento de los precios de los productos básicos, especial fuente de malestar entre la población.
Sin embargo, su candidatura se ha visto empañada por la decisión en marzo de un tribunal de abrir un caso por supuesta corrupción contra él, tras ser imputado en diciembre de 2021 por la presunta malversación de unos 2,3 millones de euros cuando era ministro de Exteriores durante la Presidencia de Ernest Bai Koroma.
El caso, achacado por el líder del Congreso de Todo el Pueblo (APC) a "un intento deliberado de difamación", ha planeado durante la campaña debido a que, en caso de haber sido condenado, no podría haberse presentado a las urnas ni ocupar cargos oficiales, si bien los tribunales determinaron finalmente que podía concurrir a los comicios.
La comisión electoral ha autorizado otras once candidaturas, entre las que figura únicamente una mujer, Iye Kakay, candidata del Partido de la Alianza Democrática (ADP). Kakay se convirtió en la primera mujer en liderar el partido desde su fundación en 2015 por parte de Mohamed Kamarinba Mansaray, antiguo miembro del APC que se distanció de Karama.
Bio ratificó en enero una ley que requiere que todas las organizaciones públicas o privadas cuenten al menos con un 30 por ciento de mujeres, también en posiciones de liderazgo, para hacer frente a la discriminación que sufren y a la ausencia de mujeres en las posiciones de toma de decisiones en el país africano.
Para ser declarado vencedor, uno de los candidatos a la Presidencia debe obtener al menos el 55 por ciento del total de los votos. En caso de que no se dé esta situación, habrá una segunda ronda entre los dos más votados, tal y como ocurrió en 2018 entre Bio y Karama.
Por otra parte, los partidos de Bio y Kamara figuran igualmente como los principales favoritos de cara a las parlamentarias, en las que están en disputa 135 escaños que se elegirán a partir de un controvertido sistema de representación proporcional, con un reparto por regiones --32 para el este, 26 para el norte, 21 para noroeste, 30 para sur y 26 para oeste--.
MOMENTO CLAVE PARA EL PAÍS
La votación tendrá lugar en un momento para el país debido a las crecientes tensiones políticas y económicas, así como por algunos incidentes violentos durante la campaña, incluida la muerte de una persona en incidentes frente a la sede del principal partido opositor.
Tras los incidentes, la Unión Europea (UE), Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia e Irlanda emitieron un comunicado conjunto en el que mostraron su "preocupación" por "la violencia relacionada con el conflicto" antes de la votación, por lo que pidieron que "todo el mundo evite la violencia, respete las elecciones políticas del resto y rechace el lenguaje de la división y el odio".
En este sentido, apuntaron que el acuerdo firmado en mayo por los candidatos y los partidos políticos para comprometerse con una campaña pacífica y resolver cualquier disputa a través de los tribunales era un punto importante, al tiempo que apoyaron "unas elecciones transparentes, inclusivas, creíbles y pacíficas que reflejen la voluntad de la población".
Así, el 'think tank' Institute por Security Studies afirmó recientemente que "pese a un legado de elecciones competitivas y una transferencia pacífica del poder, las elecciones llegan en una encrucijada para el país", si bien hizo hincapié en que "la votación será competitiva".
El ISS aseveró que el desempleo entre los jóvenes está en torno al 60 por ciento, una de las tasas más altas en África Occidental, mientras que los menores de 35 años suponen también el 60 por ciento del censo, por lo que está por ver el impacto de este malestar social en las urnas y en la situación posterior a la votación.
La economía se está viendo además lastrada por una lenta recuperación de la crisis del ébola en 2014 y la pandemia de COVID-19, situación empeorada por la guerra en Ucrania, lo que ha llevado a que la inflación interanual alcanzara en febrero un récord del 42,7 por ciento, mientras que el precio del combustible se ha duplicado.
La situación derivó en agosto de 2022 en una serie de protestas que fueron respondidas con dureza por parte de las fuerzas de seguridad, lo que se saldó con la muerte de 21 manifestantes y seis agentes. Tras las mismas, Bio procedió a reorganizar la cúpula militar, un paso que describió como "correcto".
En este contexto, el Banco Mundial señaló en marzo que "la recuperación de Sierra Leona tras la pandemia se ha visto alterada por 'shocks' internos y externos que han exacerbado las vulnerabilidades macrofiscales existentes", al tiempo que alertó de que "los riesgos a la sostenibilidad de la deuda se han intensificado" en el país.
"La gestión macroeconómica sigue siendo débil. Las presiones fiscales se han intensificado de forma progresiva, el peso de la deuda ha empeorado y la inflación se ha disparado", explicó el Banco Mundial, que señaló que "el aumento del coste de vida, combinado con un débil crecimiento y una caída de las bases macroeconómicas amenazan con aumentar el nivel de pobreza en un contexto de redes de seguridad social inadecuadas".
Por último, el organismo arguyó que Sierra Leona "sigue haciendo frente al impresionante desafío de mejorar la transparencia en la gestión de sus recursos naturales y de crear espacio fiscal para el desarrollo", en un país en el que "los problemas de infraestructura débil e empobrecimiento generalizado a nivel rural y urbano persisten, a pesar de los significativos impulsos y reformas".
Por todo ello, la votación de este sábado y, especialmente, las repercusiones que pueda tener a nivel político y económico, marcarán el futuro a corto plazo en el país africano, que aspira a consolidar los avances democráticos obtenidos en las dos décadas que han pasado desde el final de la guerra, financiada en gran medida por los conocidos como 'diamantes de sangre' y que dejó alrededor de 120.000 muertos.