LIMA, 10 Abr. (Notimérica) -
Un juez peruano ha ordenado este miércoles detener de forma preliminar y durante diez días al expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien está acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales en el marco de una investigación relacionada con los presuntos sobornos cobrados a la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos públicos.
El juez Jorge Luis Chávez, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, ha accedido a la petición de la Fiscalía, que reclamaba una detención preliminar de Kuczynski y los que fueran su secretaria y conductor, Gloria Jesús Kisic y José Luis Bernaola.
El Ministerio Público ha presentado como "hecho precedente" para la acusación del exmandatario la intervención de este en presuntos actos de corrupción relacionados con dos proyectos adjudicados a Odebrecht: la construcción de dos tramos de la Carretera Interoceánica (tramos 2 y 3) y el proyecto hidroenergético de irrigación Olmos, iniciado durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).
El expresidente de la República fue incluido en la investigación del Caso Lava Jato por haber sido primer ministro bajo el gobierno de Alejandro Toledo --cuando se dio la adjudicación de la carretera interoceánica a la empresa Odebrecht-- y por el presunto financiamiento que recibió de parte de la misma empresa en su campaña a la presidencia del 2011.
En sus declaraciones a los fiscales peruanos en noviembre de 2017, Odebrecht dijo que contrató a Kuczynski como consultor de su empresa después de que este dejara de ser primer ministro en 2006, como una manera de reparar una relación que se había roto debido que PPK se había negado a ejecutar la Interoceánica.
Sin embargo, Kuczynski negó tajantemente haber tenido algún vínculo laboral con la empresa Odebrecht y aseguró que no recibió aportes de la misma para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.
En diciembre de 2017, y como medida de presión para que el entonces mandatario respondiera a la comisión de investigación Lava Jato, la presidenta de dicho órgano, Rosa Bartra, reveló los pagos que la empresa Odebrecht había hecho entre 2005 y 2006 a las empresas de consultoría Westfield Capital y First Capital, vinculadas a Kuczynski y en ese entonces ministro de Estado de Toledo.
Si bien todos eran pagos legales, Kuczynski había recibido dichas bonificaciones a través de su empresa unipersonal y siendo ministro de Estado, un hecho que está prohibido constitucionalmente en el país sudamericano. Como consecuencia, Kuczynski admitió haber recibido un pago de consultoría por el proyecto H2 Olmos, de la misma empresa brasileña, en el 2012.
El 16 de marzo de 2018, cuando todavía era presidente de la República, Kuczynski recibió a la Comisión Lava Jato y respondió durante sobre las relaciones contractuales entre sus empresas de consultoría con las empresas del grupo Odebrecht, así como se le interrogó sobre el financiamiento de su campaña electoral de 2011.
Ahora, Kuczynski y sus antiguos colaboradores podrán permanecer en detención preliminar diez días, periodo máximo permitido por la ley peruana, tras lo cual, si la Fiscalía desea mantenerles recluidos, deberá solicitar la prisión preventiva, que se puede extender hasta 36 meses. De momento, tienen prohibido salir del país durante 18 meses.
Además, el juez Chávez ha autorizado el registro de varios inmuebles, incluidas las viviendas de los acusados y una oficina vinculada al antiguo mandatario y su secretaria, para la incautación de "cosas relevantes" que "puedan servir como prueba", según informa la prensa local.
Kuczynski dimitió el 23 de marzo de 2018, días antes de que el Congreso votara sobre su cese, por las informaciones periodísticas que le relacionaban con el escándalo de corrupción de Odebrecht, que ha salpicado a numerosos países de la región.
El caso Odebrecht ha salpicado a los últimos cuatro presidentes peruanos --Alejandro Toledo, Álan García, Ollanta Humala y Kuczynski, así como a la líder opositora Keiko Fujimori. Todos aguardan la resolución de sus causas judiciales en la nación andina menos Toledo, que esta pendiente de la extradición desde Estados Unidos.