MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
Más de un centenar de presos condenados a muerte en Sri Lanka han iniciado una huelga de hambre en protesta contra la amnistía presidencial concedida al destacado exdiputado Duminda Silva, condenado por asesinato.
Los presos de las cárceles de Welikada --la más grande del país, en la capital, Colombo-- y Mahara llevan ya 24 horas sin recibir alimentos y han avisado que solo pondrán fin a la huelga de hambre cuando el Gobierno conmute sus sentencias de muerte por una cadena perpetua, según ha explicado el portavoz del Departamento Penitenciario, Chadana Ekanayake, al portal de noticias ceilandés EconomyNext.
A tal efecto, existe una comisión conjunta de responsables de los ministerios de Justicia y Prisiones que lleva abordando la situación desde enero, dado que el país lleva sin ejecutar a nadie desde 1976 en virtud de una moratoria 'de facto' sobre la pena capital.
El caso de Duminda Silva ha sido el detonante de décadas de hastío entre la población de condenados a muerte. El diputado fue liberado este pasado jueves por el presidente del país, Gotabhaya Rajapaksa, cuya poderosa familia mantiene importantes lazos con el exdiputado, condenado a muerte por organizar hace diez años el asesinato de uno de sus propios diputados en medio de una lucha intestina durante la campaña electoral.
Los condenados temen además que el Ministerio de Prisiones se decida a ejercer de una vez por todas una orden de ejecución pendiente contra cuatro "barones" del tráfico de drogas, impartida durante el mandato del expresidente Maithripala Sirisena, y que el Tribunal Supremo ha aplazado en principio hasta el 7 de septiembre de este año, en lo que podría significar la reanudación de los ajusticiamientos en el país (que generalmente se realizan por ahorcamiento).
El Colegio de Abogados de Sri Lanka ha aceptado en principio la amnistía al exdiputado al tratarse de una disposición constitucional pero han pedido al Gobierno ceilandés que proporcione toda la documentación al respecto de la decisión, ya que el presidente está obligado a pedir un nuevo informe al magistrado que llevó el caso, así como una nueva opinión al fiscal general.