MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este lunes las "decenas de miles" de detenciones arbitrarias que se habrían llevando a cabo en Jartum, capital de Sudán, durante 2020, por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) en el contexto de las manifestaciones y protestas para exigir reformas al Gobierno de transición.
Los detenidos, alerta la ONG, permanecieron incomunicados durante su reclusión, e incluso bajo "circunstancias que constituyeron desapariciones forzadas". Ha responsabilizado a las RSF de Sudán por llevar a cabo estos arrestos al margen de la ley, en los cuales también se habrían producido torturas y un homicidio.
"El Gobierno de transición de Sudán debería controlar a las Fuerzas de Apoyo Rápido, que están asumiendo un poder cada vez mayor sin ninguna base legal", ha demandado la directora para el Cuerno de África de HRW, Laetitia Bader.
"Es completamente inaceptable que las fuerzas militares retengan a civiles bajo custodia en lugar de entregarlos a las autoridades civiles o ponerlos en libertad si eso no es posible", ha censurado.
De acuerdo con las cifras que maneja HRW, han sido miles las detenciones llevadas a cabo en Jartum por las RSF, las cuales también han sido señaladas por su responsabilidad en varios abusos graves contra la población civil en Darfur, y otras zonas de conflicto.
Los detenidos, cuyos testimonios han sido recabados por la ONG, han relatado que durante sus arrestos, algunos incluso llegaron a estar recluidos durante un mes, se produjeron abusos y maltratos físicos y no se les permitió acceder a un abogado o dar parte a sus familiares de su situación.
"Las autoridades deben investigar las denuncias de arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas y otros abusos bajo custodia, incluida la muerte de un detenido", ha exigido HRW.
Se trata de Baha al Din Nouri, de 45 años, muerto bajo custodia de las RSF en diciembre del año pasado, lo que provocó que las autoridades del país limitaran los poderes de arresto y detención a la Policía y los fiscales, aunque HRW no ha podido verificar si se están cumpliendo dichas instrucciones de la justicia.
"Las Fuerzas Armadas de Sudán, incluidas las RSF, no tienen autoridad legal para detener a civiles o llevar a cabo funciones policiales, por lo que las detenciones de civiles son ilegales", ha remarcado la ONG.
Las RSF, designadas como fuerza militar regular por la Constitución transitoria de Sudán, lideraron la violenta represión contra los manifestantes el 3 de junio de 2019 en varios áreas de Jartum, dejando al menos 120 muertos y otros cientos de heridos. Pese a ello, el Gobierno en funciones ha seguido utilizándolas para controlar y vigilar las sucesivas manifestaciones.
"Si el Gobierno de transición está comprometido a romper con el pasado abusivo de la nación, debe asegurarse de que las RSF operen dentro de la ley. Las autoridades deben dejar en claro que los miembros de las fuerzas de seguridad serán responsables en virtud de ella si contravienen la ley", ha insistido Bader.
La ONG ha subrayado para finalizar que las autoridades en funciones deben seguir adelante con los planes previstos en la Constitución transitoria y establecer una Comisión Nacional de Derechos Humanos en línea con los estándares internacionales.
El mandato de dicha comisión debe incluir el acceso a las instalaciones de RSF y la autoridad para informar públicamente sobre hallazgos y abusos por parte de las organizaciones internacionales, incluyendo las oficinas de Naciones Unidas encargadas de la defensa de los Derechos Humanos para constatar que se está velando por los mismos.