El gobierno de transición ha buscado abrir el espacio público y lograr la paz con los rebeldes
MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
El golpe de Estado del 11 de abril de 2019 que sacó del poder al entonces presidente Omar Hasán al Bashir cumple este sábado un año con un profundo cambio en la dinámica política del país, tras un proceso de transición parcialmente exitoso y que ha aumentado la integración de Jartum en la comunidad internacional.
Al Bashir, quien estuvo 30 años al frente del país africano y quien es una de las figuras más buscadas por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por presuntos crímenes de guerra y contra la Humanidad, fue apartado en una asonada tras meses de masivas protestas contra la situación económica que atravesaba Sudán.
Las movilizaciones, que se habían sucedido durante los últimos años con distintos grados de intensidad, aumentaron de forma significativa a mediados de diciembre de 2018 a causa de la retirada de los subsidios al pan, reflejo de la grave crisis económica desde 2011 por la independencia de Sudán del Sur y la pérdida de parte de la riqueza petrolera por esta causa.
La dura represión de las manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad y las controvertidas Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar liderado por el antiguo comandante 'janjauid' Mohamed Hamdan Dagalo, no provocaron que la población diera marcha atrás, sellando el destino de Al Bashir.
El expresidente, que había llegado al poder 30 años antes tras un golpe de Estado y que había capeado durante años numerosos conflictos internos a través de una política de división y enfrentamiento entre tribus, sectores del Ejército y las fuerzas de seguridad, vio finalmente caer su figura en otra asonada militar.
Su salida del poder abrió un delicado proceso gestionado por una junta militar cuyo 'número dos' --y considerado líder 'de facto'-- fue precisamente Dagalo, conocido como 'Hemedti', y marcado por un proceso de negociaciones con una coalición de formaciones opositoras que habían estado detrás de la organización de las protestas.
Las negociaciones sufrieron diversos varapalos, entre ellos la muerte de decenas de personas en la represión violenta en junio de una sentada frente a la sede del Ministerio de Defensa, achacado por la opositora Asociación de Profesionales de Sudán (SPA) a las RSF de 'Hemedti', si bien finalmente derivaron en un acuerdo histórico.
El pacto supuso la creación un gobierno de transición encabezado por un civil como primer ministro, Abdalá Hamdok, lo que abrió la puerta de un periodo de tres años en el que militares y civiles compartirán el poder de cara a la celebración de elecciones.
APERTURA DEMOCRÁTICA
El nombramiento de Hamdok y la creación del Consejo Soberano, liderado por Abdelfatá Burhan y con 'Hemedti' como 'número dos', supuso el pistoletazo de salida a una campaña de reformas para abrir el espacio público sudanés.
Uno de los principales impulsos en este proceso llegó en noviembre, cuando el Ejecutivo aprobó una ley para "desmantelar" el régimen de Al Bashir que incluyó la disolución de su formación política, el Partido del Congreso Nacional (NCP). Previamente, habían sido desmantelados los antiguos Servicios de Seguridad e Inteligencia Nacional (NISS).
La opositora Fuerzas de la Libertad y el Cambio (FCC), uno de los principales promotores de las movilizaciones, detalló que la decisión del Consejo Soberano contempla además la disolución de la organización islamista Hermanos Musulmanes.
Por su parte, Hamdok sostuvo que la ley "no es una represalia", sino que busca "preservar la dignidad del pueblo, agotado por los golpes de los tiranos". "Aprobamos esta ley en una reunión conjunta para establecer la justicia y el respeto por la dignidad de la gente y para salvaguardar sus riquezas, así como para recuperar los bienes saqueados a la población", dijo.
Ese mismo día, las autoridades sudanesas revocaron las polémicas leyes de orden público, un paquete de legislación que limitaba la libertad de vestuario, movimiento, asociación, trabajo y estudio de las mujeres en el país.
Esta legislación, que imponía códigos sociales conservadores islámicos, contemplaba azotes, latigazos y penas de cárcel para las mujeres que violaran estos códigos, lo que fue denunciado durante años por numerosas ONG internacionales.
En este sentido, Amnistía Internacional destacó que se trataba de "un gran paso adelante para los derechos de las mujeres en Sudán" y recordó que "la revocación de las leyes de orden público debió tener lugar hace mucho tiempo".
LAS CONVERSACIONES DE PAZ
En paralelo a este proceso de reforma interna, el Ejecutivo de Hamdok se apresuró a tender la mano a los diversos grupos rebeldes que operan en el país para intentar lograr un acuerdo de paz que cierre los conflictos en el país y permita una normalización de la situación de seguridad en Sudán.
Este llamamiento fue respondido por la mayoría de los rebeldes, agrupados en la coalición Frente Revolucionario de Sudán (SRF), si bien algunos han permanecido hasta ahora al margen. Los contactos en la capital de Sudán del Sur, Yuba, han permitido algunos avances, si bien por ahora no se han cerrado acuerdos.
Las conversaciones con los distintos grupos que operan en Darfur, Nilo Azul y Kordofán del Sur, sufrió un varapalo a finales de marzo de este año con la muerte a causa de un infarto del ministro de Defensa, Jamal Omer, quien encabezaba la delegación gubernamental, si bien los contactos se han retomado recientemente sin cambios en las perspectivas de paz.
Uno de los objetivos declarados de las autoridades es lograr una paz duradera debido a que es una de las condiciones clave para que Estados Unidos retire al país de su lista de patrocinadores del terrorismo y para lograr la reintegración real del país en la comunidad africana e internacional.
En esta misma línea, Jartum ha cerrado un acuerdo para el pago de compensaciones a causa del atentado perpetrado en 2000 por Al Qaeda contra el destructor 'USS Cole' frente a las costas de Yemen y ha desvelado que busca pactos similares con las víctimas de los atentados de 1998 contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania.
Los atentados, perpetrados de forma simultánea el 7 de agosto de 1998 en Nairobi y Dar es Salaam se saldaron con la muerte de más de 220 personas y con más de 4.000 heridos, lo que provocó que Washington a bombardeara objetivos en Afganistán y Sudán, país en el que residía el entonces líder de Al Qaeda, Usama bin Laden.
ESCOLLOS EN EL CAMINO
Sin embargo, el proceso de transición no ha sido totalmente fluido y ha estado marcado por varios incidentes graves que han amenazado la estabilidad del proceso, incluido un intento de asesinato contra Hamdok.
El primer ministro resultó ileso el 9 de marzo de un atentado con bomba perpetrado al paso de su convoy en la capital, tras lo que aseguró que "lo ocurrido no obstaculizará la transición, sino que es un impulso adicional para el cambio en Sudán".
Asimismo, en los últimos días han sido publicadas informaciones en los medios sudaneses sobre un presunto plan para perpetrar un nuevo golpe de Estado, lo que ha sido negado por el Ejército, que por contra sí ha confirmado el cese de más de cien funcionarios por sus lazos con el NCP.
La junta militar ya aseguró en julio de 2019, cuando estaba al frente de los designios del país, que había desarticulado varias intentonas que supuestamente buscaban "abortar la gloriosa revolución del pueblo y el retorno del antiguo sistema del NCP".
A pesar de estas amenazas a la transición, la condena contra Al Bashir a dos años de reclusión por corrupción, así como el anuncio de que será juzgado por el golpe de 1989 y la represión de las manifestaciones antes de su derrocamiento, suponen un signo de los aires de cambio en el país africano, cuyo desafío es mantener estos avances.