Un panel de la ONU dice que políticos, militares y empresarios están implicados en malversación
MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
Líderes políticos, militares y empresariales de Sudán del Sur han estado implicados en actos de corrupción "a gran escala" en las arcas públicas, lo que ha socavado la estabilidad y ha azuzado el conflicto armado y la violencia en el país, sumido en un periodo de transición desde el acuerdo de paz de 2019, según un panel de Naciones Unidas.
El panel ha señalado que "ya antes de lograr la independencia en julio de 2011, las violaciones de los Derechos Humanos y los crímenes económicos relacionados en el sur de Sudán tuvieron un impacto directo y negativo sobre la capacidad del Estado de cumplir sus obligaciones socieconómicas".
"Desde la independencia y debido al fracaso abyecto de las autoridades nacionales para cumplir sus obligaciones con los Derechos Humanos, más del 80 por ciento de las mujeres, hombres y niños de Sudán del Sur siguen expuestos a una pobreza extrema y totalmente injustificada, la vulnerabilidad y el sufrimiento".
Así, ha resaltado que "los ciudadanos sufren la carga la indignante malversación y saqueo de recursos críticos por parte de unas élites que no rinden cuentas y que tienen cómplices internacionales" y ha agregado que estos recursos "han sido utilizados para alimentar el conflicto y fomentar la violencia".
El organismo ha manifestado que descubrió que en el periodo de dos años fueron malversados más de 73 millones de dólares (más de 62,1 millones de euros) en fondos no relacionados con el sector del petróleo y ha añadido que "estos crímenes económicos representan una fracción de un patrón generalizado de robo".
En este sentido, ha indicado que en 2012 el recién creado Estado de Sudán del Sur había perdido ya "miles de millones de dólares" a causa de "flujos financieros ilícitos", lo que fue reconocido por el presidente, Salva Kiir, quien ordenó a 75 ministros y otros funcionarios devolver 4.000 millones de dólares (cerca de 3.405 millones de euros) malversados desde que Sudán del Sur obtuvo la autonomía en 2005.
Sin embargo, ha resaltado que "no hay pruebas de que este dinero fuera recuperado" y ha alertado de que "este robo a gran escala ha sido excepcionalmente devastador, considerando que la nación sigue en los últimos puestos del Índice de Desarrollo Humano" y que el 82 por ciento de la población vive por debajo del umbral de la pobreza.
En esta línea, el panel ha explicado que la esperanza de vida es de 57,9 años, una de las más bajas del mundo, y ha abogado por la aplicación de un programa para garantizar una mejor gestión de los recursos y las finanzas del país, incluido actuar con decisión ante la "corrupción sistemática y a gran escala".
El país, que cuenta con algunas de las reservas de petróleo más importantes en África subsahariana, recibe por esta vía el 90 por ciento de sus ingresos fiscales, pese a lo cual el sistema sigue siendo "alarmantemente informal y débilmente regulado", lo que permite a las élites aprovecharse para saquear fondos "a una escala masiva".
Por otra parte, el conflicto y la mala gestión han provocado que los oleoductos hayan sufrido incidencias que han derivado en filtraciones y derrames que han aumentado la contaminación del suelo, el aire y el agua, lo que supone igualmente un impacto sobre la calidad de vida de la población.
"Establecer las cifras reales y hacer frente a esta corrupción es una tarea más amplia y requiere esfuerzos nacionales e internacionales concertados, incluyendo voluntad política, políticas efectivas, estrategias y sistemas", ha indicado, antes de pedir a las autoridades "revertir la política de corrupción y reconstruir un sistema político inclusivo y justo".
En esta línea, ha incidido en que "hay vínculos entre los crímenes económicos y otras violaciones" y ha añadido que "civiles que se atreven a hablar de estos crímenes y violaciones han sido silenciados". "En los casos más drásticos, hay periodistas que han desaparecido o han sido asesinados por las fuerzas gubernamentales", ha denunciado.
FINANCIANDO EL CONFLICTO
El panel ha subrayado que "las ganancias ilícitas a través de crímenes económicos siguen siendo un gran impulso para el conflicto armado y han dado a las élites los recursos para crear y sostener fuerzas en combate o fomentar la violencia".
"Los brutales conflictos en Sudán del Sur han sido permitidos de forma significativa o incluso motivados por las oportunidades de controlar y desviar recursos naturales, incluido el petróleo", ha manifestado, antes de incidir en que "las autoridades nacionales y las élites han priorizado financiar al Ejército y los aparatos de seguridad sobre las inversiones en el sector público".
"La impunidad ha reforzado el daño causado por los crímenes y las violaciones económicas, lo que ha debilitado gravemente la funcionalidad del Estado", ha señalado, al tiempo que ha explicado que la impunidad es "el mayor obstáculo al disfrute de los Derechos Humanos, el desarrollo económico, la paz y la estabilidad".
En esta línea, ha sostenido que "las élites políticas de Sudán del Sur y los que están en sus redes han instrumentalizado y azuzado las divisiones étnicas para participar en una lucha por el poder y el beneficio que sigue definiendo los desafíos a nivel social, económico, político y de Derechos Humanos".
"La corrupción es generalizada y los implicados son parte de todos los escalones del aparato del Estado, incluidos ministros, gobernadores, altos cargos militares y empresarios", ha destacado el panel, que ha señalado que el aparato militar y de seguridad "está íntimamente vinculado con el sector petrolero de Sudán del Sur".
"Estos lazos han derivado en una industria petrolera altamente militarizada, con el Servicio de Seguridad Nacional (NSS) expandiendo de forma rápida su participación en la producción y la gestión del petróleo durante los últimos siete años, incluido su flagrante control de la estatal Nilepet", ha puntualizado.
Por ello, ha reiterado que "el saqueo y la militarización de recursos críticos han significado que el Gobierno de Sudán del Sur no ha cumplido sus obligaciones sobre Derechos Humanos con sus ciudadanos y el fracaso a la hora de lograr el desarrollo socioeconómico ha significado que mujeres, hombres y niños sigan expuestos a una vulnerabilidad, pobreza y sufrimientos extremos".
El panel ha dicho que "allá donde los líderes y las autoridades nacionales no quieren combatir la corrupción, a menudo porque ellos mismos son profundamente corruptos, es poco probable que el Gobierno vaya a invertir capital político y financiación o aplicar leyes y apoyar a las instituciones necesarias para abordar los problemas subyacentes que siguen generando y promoviendo los crímenes económicos".
Por último, ha defendido que una buena gestión de los recursos del país podrían permitir "corregir parte del legado de errores pasados y sentar las base para unos procesos políticos y económicos más inclusivos que contribuyan a lograr la justicia social", mientras que un fracaso a la hora de solucionar el problema alargará la crisis.
"Revertir esta cultura requerirá liderazgo político e inversión en sistemas de gestión económica igualitaria, gobernanza y rendición de cuentas que deriven en consecuencias reales para los actos de corrupción. También requerirá un alto grado de transparencia y que se apoye una vibrante actividad contra la corrupción", ha remachado.