MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
Naciones Unidas ha pedido a las autoridades de Sudán del Sur que responsabilicen a las figuras militares y políticas que apoyan a las milicias que operan en la región de Jonglei, con el objetivo de poner fin a la violencia y a sus responsables ante la Justicia.
En su último informe sobre Derechos Humanos, Naciones Unidas ha denunciado que entre enero y agosto de 2020, milicias organizadas y fuertemente armadas de las comunidades dinka, nuer y murle han planificado y coordinado ataques contra aldeas de Jonglei y el área administrativa del Gran Pibor, en el este del país.
Al menos medio centenar de jefes tribales y líderes espirituales, así como otras élites militares y políticas, han apoyado directa o indirectamente los ataques liderados por milicias comunitarias en Jonglei, denuncia el texto.
A su vez, detalla el informe, miembros del Gobierno y de la oposición han participado "activamente" en los combates según su parentesco o como parte de un movimiento "calculado" para reforzar las alianzas políticas.
"Seis meses después del último ataque devastador en el Gran Jonglei, debe quedar claro que las figuras clave a nivel local y nacional, que deliberadamente alimentaron y explotaron las tensiones localizadas, serán responsables", ha advertido la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
"El riesgo de que estas milicias reactiven la violencia armada es demasiado grave para ignorarlo. Es de suma importancia que el Gobierno adopte medidas eficaces para garantizar que los miembros de las fuerzas de seguridad no puedan suministrar armas de las existencias del Gobierno a estas milicias ", ha exigido.
El informe, elaborado de manera conjunta por la Misión de la ONU en Sudán del Sur (UNMISS) y la Oficina del Alto Comisionado, expone que el Gobierno de Sudán del Sur "debe asumir plena responsabilidad por el daño infligido a decenas de civiles".
Más de 738 personas han muerto y 320 han resultado heridas y al menos 686 mujeres y niños fueron secuestrados, así como 39 mujeres violadas durante los ocho meses que abarca el informe. Decenas de miles de personas han sido desplazadas, instalaciones humanitarias saqueadas, mientras que unas 86.000 cabezas de ganado, valoradas en 35 millones de dólares (29,3 millones de euros) han sido robadas.
Naciones Unidas ha censurado a las autoridades de Sudán de Sur de no haber tomado medida alguna para investigar y enjuiciar a los responsables de los abusos contra los Derechos Humanos que se han cometido en la región en los últimos meses.
Así, mientras las autoridades alegan haber tomado algunas medidas para abordar esta crisis, Naciones Unidas insiste al Gobierno que ponga fin a los nombramientos de los administradores y asambleas locales en todo Jonglei y en Gran Pibor con el fin de investigar todas estas denuncias de violaciones y abusos sobre los Derechos Humanos.
Cuando estalló la violencia, la UNMISS desplegó rápidamente sus tropas y personal de mantenimiento de la paz en las zonas afectadas. La Misión se involucró con líderes políticos y tribales a nivel nacional y local para promover la reconciliación, facilitó conferencias de paz y apoyó los esfuerzos para lograr la liberación de los cientos de mujeres y niños que fueron secuestrados.