Publicado 14/09/2023 05:41

El Supremo de Guatemala rechaza la solicitud del partido UNE que pretendía invalidar los resultados electorales

La excandidata a la Presidencia de Guatemala, Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de Esperanza (UNE)
La excandidata a la Presidencia de Guatemala, Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de Esperanza (UNE) - Sandra Sebastian/Dpa

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Guatemala ha rechazado este miércoles la solicitud de amparo presentada por el partido Unidad Nacional de Esperanza (UNE), liderado por la candidata Sandra Torres, que pretendía invalidar la oficialización de los resultados de la segunda vuelta electoral, que dio la victoria a su rival, el ahora presidente electo, Bernardo Arévalo.

Con esta decisión, los magistrados han confirmado lo oficializado por el Tribunal Supremo Electoral en referencia a la victoria de Arévalo, que obtuvo más del 60 por ciento de los votos frente a Torres, que obtuvo el 39 por ciento.

El UNE presentó a principios de septiembre un recurso de amparo ante la corte contra la certificación de los resultados de la segunda vuelta, denunciando la violación al debido proceso, violación del derecho de certeza y seguridad jurídica y el derecho a igualdad en materia electoral.

Según el secretario general de la UNE, Víctor Israel Guerra Velásquez, el acuerdo proferido por el TSE vulnera derechos fundamentales de la organización política UNE y de la ciudadanía guatemalteca y recuerda la resolución del 12 de julio de 2023 del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, como consecuencia de haber una investigación en la Fiscalía Especial contra la Impunidad por hechos que cuestionan la legalidad de la constitución del Movimiento Semilla.

El amparo también hacía alusión a la resolución del 28 de agosto que suspende provisionalmente la inscripción de la personalidad jurídica del comité para la constitución del Movimiento Semilla cumpliendo con la orden del juez competente, imposibilitando el ejercicio de los derechos y obligaciones regulados en la ley, incluida la oficialización y adjudicación de los cargos de presidente y vicepresidente.