MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
Un grupo de relatores de Naciones Unidas expresó el lunes su "grave preocupación" por el uso "cada vez más severo" de las condenas por lesa majestad en Tailandia para silenciar a los críticos con la monarquía, después de que una mujer haya sido sentenciada a más de 40 años de cárcel por supuestos insultos a la Casa Real.
Un tribunal de Tailandia impuso el 19 de enero una pena de 43 años de cárcel contra Anchan Prilert, una antigua funcionaria, en la que es considerada la condena más dura impuesta en el país según la ley de lesa majestad. La mujer fue acusada de publicar en su cuenta en Facebook grabaciones críticas con la monarquía entre 2014 y 2015.
La mujer fue juzgada en un primer momento por un tribunal militar y sentenciada a 87 años de cárcel, si bien la sentencia fue reducida a la mitad tras reconocer su culpabilidad ante un tribunal civil. La condena está en estos momentos en proceso de apelación.
"Pedimos al tribunal de apelaciones que reconsidere el caso de Anchan Prilert, en línea con los estándares internacionales de Derechos Humanos, y que deje de lado esta dura sentencia", han indicado los relatores, que han incidido en que "las leyes de lesa majestad no tienen cabida en un país democrático".
"Si aplicación cada vez más dura ha tenido el efecto de congelar la libertad de expresión y limitar aún más el espacio cívico y el disfrute de las libertades fundamentales en Tailandia", han resaltado.
En este sentido, han manifestado que, ante el paso al ciberespacio de los activistas a causa de las restricciones por la pandemia de coronavirus, las autoridades han impuesto penas más estrictas y han imputado a menores por cargos de lesa majestad.
"Estamos profundamente preocupados por el informado incremento de los juicios por lesa majestad desde finales de 2020 y por las más duras condenas de cárcel", han puntualizado. "El hecho de que algunas formas de expresión puedan ser consideradas ofensivas o chocantes a una figura pública no es suficiente para justificar la imposición de condenas tan duras", han argüido.
Por último, han reclamado a las autoridades del país asiático que "revisen y deroguen" las leyes de lesa majestad, que retiren los cargos contra todos los que están siendo juzgados por ellas y que liberen a los que fueron encarcelados "por ejercer su derecho a la libertad de expresión y asamblea pacífica".
Tailandía ha imputado a decenas de activistas por delitos de lesa majestad desde noviembre de 2020, momento en el que se retomaron por primera vez en más de dos años este tipo de acusaciones en base al artículo 112 del Código Penal, que incluye penas de hasta 15 años de prisión. Hasta ahora, la condena más larga en el país asiático era de 35 años.