Actualizado 12/01/2017 11:59

Temer admite que las condiciones de las cárceles brasileñas son inhumanas

El presidente de Brasil, Michel Temer
UESLEI MARCELINO/REUTERS

   BRASILIA, 12 Ene. (Notimérica) -

   El presidente del Gobierno brasileño, Michel Temer, ha admitido este miércoles que las condiciones en las que se encuentran los presos de las cárceles de Brasil son inhumanas. Lo ha hecho 10 días después del motín que dejó 56 muertos y provocó la fuga de más de 150 internos del Complejo Prisional Anisio Jobim (COMPAJ), en la ciudad de Manaos.

   Debido a estos acontecimientos, el presidente ha confesado sentirse "sorprendido" al conocer el control que ejercen algunos grupos pertenecientes al narcotráfico en las cárceles de Manaos y Roraima, según ha publicado 'TeleSur'.

   A través de un discurso transmitido por la cadena pública NBR, Temer se ha referido a la "pavorosa matanza" en las revueltas de presos en cárceles de la región, que es una de las principales preocupaciones de la opinión pública durante los últimos días.

    Además, ha sostenido que "las organizaciones criminales involucradas como Familia del Norte (FDN) o el Primer Comando de la Capital (PCC) --quienes iniciaron la revuelta de COMPAJ-- tienen su propia regla jurídica fuera del Estado, con códigos propios".

   Durante sus declaraciones, Temer ha comparado los datos de inversión en mejoras para el sistema carcelario del gobierno de Dilma Rousseff respecto a su gestión, asegurando un aumento de la dotación económica de 596 millones de reales (186 millones de dólares) --desde que asumió la presidencia del país-- hasta los 2.000 millones de reales (624 millones de dólares) en 2017.

   La crisis carcelaria se inició el pasado 1 de enero, cuando varios presos del COMPAJ, pertenecientes al FDN, iniciaron una reyerta contra los integrantes del PCC. Muchos de los 59 cuerpos encontrados aparecieron descuartizados.

   Se trata de la segunda masacre en la historia carcelaria del país. Su precedente sucedió en 1992, cuando 111 presidiarios fueron asesinados por la Policía Militar en Carandiru, una penitenciaría del estado de São Paulo. Este hecho es considerado como la mayor violación de los Derechos Humanos de la historia de Brasil.

   La grave superpoblación que se da en diferentes centros penitenciarios del país se define con una sola cifra: 622.000 reclusos más de la capacidad de las cárceles, lo que supone un 67,3 por ciento.

   De esta forma, el Gobierno brasileño se ha visto obligado a adelantar el Plan Nacional de Seguridad. Éste incluye la construcción de cinco prisiones de máxima seguridad, además de la modernización de los centros ya existentes.