SANTIAGO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Chile ha ordenado a primera hora de este jueves el desalojo de los colegios tomados por las asociaciones de estudiantes, un total de 28 centros a nivel nacional, lo que ha generado disturbios entre las fuerzas de seguridad y los ocupantes, que ha desembocado en la detención de 122 personas.
Las operaciones de desalojo se han llevado a cabo principalmente en Santiago y los alrededores, donde se encontraban 21 de los 28 colegios ocupados por los estudiantes. Sólo 17 personas de las 122 detenidas han sido arrestadas en regiones fuera de la capital.
El Ejecutivo ha decidido avanzar en la expulsión de los alumnos de cara a las elecciones primarias de este domingo que los partidos celebrarán para elegir a sus candidatos a los comicios presidenciales del 17 de noviembre. Los líderes de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) y de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) anunciaron el pasado martes que no depondrán la ocupación de los centros de votación.
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, ha justificado la intervención después de mantener el diálogo con los representantes de los alumnos. Después "de que ese proceso de diálogo y de persuasión no diese resultado y estando a 72 horas de las primarias, como Gobierno teníamos la obligación de evitar cualquier perturbación y de garantizar que los recintos iban a estar disponibles", ha comentado.
Chadwick ha explicado que en Santiago, 18 de los 21 colegios fueron desalojados de forma voluntaria. El ministro ha indicado que en algunos casos los ocupantes no decidieron salir de forma voluntaria, por lo que las fuerzas de seguridad intervinieron para realizar las detenciones.
MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
Desde hace más de dos años, estudiantes y profesores se manifiestan en las principales ciudades chilenas en demanda de una educación pública, gratuita y de calidad que sustituya al actual sistema de financiación a través de créditos bancarios.
El Gobierno de Sebastián Piñera presentó una reforma educativa para que el Estado asuma la gestión de los créditos bancarios en la enseñanza universitaria con mejores condiciones que las ofrecidas hasta ahora por la banca privada a los estudiantes.
Los estudiantes han rechazado esta propuesta porque no responde a su deseo de que Chile tenga, por primera vez en su historia, una educación pública, gratuita y de calidad, ya que, aunque mejora el sistema existente, aún obliga a los alumnos a recurrir a créditos para financiar la educación universitaria.