MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
La secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejcinovic, ha calificado de "devastadora" la retirada de Turquía anunciada este sábado de su convenio sobre la prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, el conocido como Convenio de Estambul.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, decretó este sábado la retirada de su país en una decisión que la oposición ha achacado a un gesto de conciliación hacia grupos ultraconservadores mientras el Gobierno turco ha asegurado que su compromiso hacia los derechos de las mujeres sigue intacto.
Pejcinovic, por su parte, ha lamentado profundamente la retirada de Turquía de un convenio que el propio Erdogan firmó en 2011 y es "ampliamente considerado como el estándar en los esfuerzos internacionales para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia que enfrentan todos los días en nuestras sociedades".
"Esta medida es un gran revés para estos esfuerzos y aún más deplorable porque compromete la protección de las mujeres en Turquía, en toda Europa y más allá", ha manifestado.
EL GOBIERNO TURCO REMITE A LA TRADICIÓN
Tras la publicación del decreto en la Gaceta Oficial de Turquía, el vicepresidente del país, Fuat Okay, ha asegurado que Turquía no necesita "imitar a los demás" para proteger los derechos de las mujeres y que "la solución está en nuestras propias costumbres y tradiciones", ha manifestado Oktay en Twitter.
Previamente, la ministra de Familia, Trabajo y Servicios Sociales, Zehra Zumrut Selcuk, había asegurado, también en Twitter, que los derechos de las mujeres están garantizados en la legislación nacional, especialmente en la Constitución.
"La violencia contra las mujeres, sobre todo, es un crimen de lesa humanidad y luchar contra esto es una cuestión de Derechos Humanos. Lo que realmente importa son los principios. En esta dirección, continuaremos luchando con decisión contra la violencia bajo el principio de 'tolerancia cero' hoy y mañana, como lo hicimos ayer", según su mensaje.
Para la ONG Detengamos el Feminicidio, la decisión pone en peligro las vidas de millones de mujeres del país, mientras su secretaria general, Fidan Ataselim, ha avisado de protestas contra la retirada. "No puedes encerrar a millones de mujeres en sus casas, ni borrar a millones de mujeres de las calles", ha declarado en un vídeo también publicado en Twitter.
Según la organización, al menos 300 mujeres fueron asesinadas solo el año pasado en Turquía, cuya sociedad se ha visto conmocionada en los últimos días por la violación y el asesinato de una mujer de 92 años y un vídeo publicado de un hombre que abusaba sexualmente de su exmujer.
Por su parte, el diputado del opositor Partido Democracia y Progreso (DEVA), Mustafá Yeneroglu, ha denunciado que Erdogan busca obtener el apoyo de pequeños partidos conservadores. "Muchas personas religiosas están convencidas de que la Convención de Estambul alienta y está allí para promover el modo de vida de los homosexuales y está en contradicción con los valores tradicionales turcos", ha explicado.
La homosexualidad no es ilegal en Turquía pero la comunidad LGBTQ es objeto de ataques por parte de simpatizantes ultraconservadores que responsablizan a los convenios europeos de contravenir las restricciones que proclama el sector mas tradicionalista, y que también afectan a las mujeres.
El principal partido de oposición del país, el Partido Republicano del Pueblo (CHP) ha repudiado la decisión de Erdogan. "No se puede privar a 42 millones de mujeres de sus derechos en un decreto de la noche a la mañana", ha lamentado su líder, Kemal Kilicdaroglu, en un video compartido en Twitter.
"Prometo defender los derechos de todas las mujeres en todas las plataformas hasta el final", ha añadido Kilicdaroglu, quien ha instado todas las mujeres a defender sus derechos contra quienes "convierten sus vidas en un infierno".
"Volveremos la convención a pesar de usted y su maldad (de Erdogan)", ha agregado en Twitter la vicepresidenta del CHP, Gokce Gokcen, antes de denunciar que la retirada por decreto es "ilegal e ignora la voluntad del Parlamento".