El informe también denuncia el arresto de activistas trans y LGBT
MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
Human Rights Watch (HRW) ha pedido a Turquía que "detenga inmediatamente" la investigación judicial abierta contra 18 activistas feministas por cánticos en el Día Internacional de la Mujer que presuntamente insultaban al presidente Recep Tayyip Erdogan, un crimen castigado con hasta cuatro años de prisión.
"Tayyip corre, corre, corre, que vienen las mujeres", cantaron estas según el informe policial que identifica la frase como "un crimen potencial".
Un total de 13 activistas fueron detenidas en Estambul la madrugada del día 10, mientras que el resto se entregó al día siguiente. A 17 se les ha prohibido viajar y cinco de este grupo, incluida una menor de edad, tendrán que firmar periódicamente en una comisaría.
"Abrir una investigación criminal contra activistas por los derechos de las mujeres por eslóganes no violentos y sacarlas de casa en medio de la noche, demuestra el profundo desdén por la libertad de asamblea y discurso de las autoridades turcas y, por supuesto, por los derechos de la mujer", ha señalado la investigadora de HRW, Hillary Margolis.
El informe de HRW denuncia que las autoridades turcas han "restringido seriamente" el acceso a la asamblea del Día de la Mujer que se realiza todos los años en el centro de Estambul mediante la disposición de cientos de Policías , pese a que no estaba prohibida.
Para la organización esto es consecuencia del rol conservador que atribuye el Gobierno de Erdogan a las mujeres y a que el movimiento feminista turco es uno de los más "críticos" con el Gobierno.
ARRESTO DE ACTIVISTAS LGBT
HRW también ha denunciado el arresto de cinco personas trans y otras cuatro activistas que intentaron interrumpir el arresto durante una asamblea feminista el pasado sábado.
Asimismo, los agentes de Policía incautaron todo símbolo del movimiento LGBT como banderas, objetos decorados con los colores del arcoiris o pancartas que reivindicaban a este colectivo durante las marchas de este año.
Desde 2014, los derechos de este grupo se han visto restringidos por una normativa que les prohíbe reunirse para manifestarse y han sido usados como una "herramienta polarizadora" para reprimir las voces de la oposición, de acuerdo a esta ONG.