MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno turco ha suspendido el acceso nacional al servicio de televisión por Internet Oda TV y detenido a su director y a dos periodistas más por identificar a un agente de Inteligencia nacional fallecido durante su participación en el conflicto abierto entre el Gobierno libio de Trípoli, respaldado por Ankara, y las fuerzas opositoras lideradas por Jalifa Haftar.
"Ahora mismo es imposible el acceso a la web de Oda TV por la medida cautelar administrativa que ha emitido la reguladora estatal BTK", ha explicado la propia televisión en su cuenta de Twitter.
"Anunciamos a nuestros lectores que defenderemos nuestros derechos legales contra esta situación, sin precedentes en nuestra existencia", ha añadido. La emisión seguía inactiva al menos hasta esta mañana, aunque la web se puede visitar desde fuera de las fronteras de Turquía.
El Gobierno turco ha argumentado que el cierre se produce en respuesta a la divulgación de la muerte del agente de Inteligencia en una noticia considerada ilegal por las autoridades y de la que responsabilizan tanto al director del medio, Baris Pehlivan, como a su jefe de redacción, Baris Terkoglu y la reportera Hulya Kilinc, quienes han prestado declaración este mismo viernes ante la Policía.
"Quien reciba, proporcione, o falsifique o destruya información o documentos sobre los deberes y actividades del Servicio Nacional de Inteligencia podría recibir una pena de cuatro a diez años de cárcel", han esgrimido las autoridades en su notificación oficial del delito. Oda TV defiende que la identidad del fallecido había sido publicada previamente por un diputado de la oposición.
A principios de esta semana, la Fiscalía turca dejó en libertad a ocho periodistas, entre ellos al jefe de la corresponsalía turca de la agencia oficial de noticias rusa Sputnik/RIA Novosti, a otros tres periodistas del medio, y a otros cuatro de otras dos agencias prokurdas por su cobertura del conflicto en Siria y la nueva crisis de refugiados abierta entre Turquía y la Unión Europea.
Hasta noviembre de 2019, Turquía mantenía además encarcelados a 120 periodistas por su supuesta implicación en el fallido golpe de Estado de 2016, según estimaciones del Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés), que ha pedido a Ankara su liberación inmediata, así como el fin de lo que describió como una "persecución arbitraria" de la prensa.