MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Comercio de Turquía ha presentado una demanda que busca clausurar Anadolu Kultur, la organización centrada en cuestiones de cultura y Derechos Humanos creada y dirigida por el filántropo turco Osman Kavala, actualmente detenido.
Así lo ha denunciado este martes la propia organización, que ha censurado en un comunicado que este movimiento "es una continuación de la ilegalidad a la que está sometido Osman Kavala".
Anadolu Kultur ha lamentado que, "por primera vez en la historia de Turquía", se ha presentado una demanda contra una compañía por el hecho de que realiza sus actividades "sin ánimo de lucro, de forma similar a las asociaciones y fundaciones", antes de defender la "legalidad" y "transparencia" de sus operaciones desde su fundación, en 2002.
"No se ha detectado ningún crimen en la Unidad de Investigación de Crímenes Financieros ni en las investigaciones del Ministerio", ha recalcado, criticando que las aseveraciones vertidas por "algunos" medios de comunicación turcos sobre este caso son "deliberadas".
Kavala está detenido desde hace más de dos años por su papel en las protestas que estallaron en 2013 en torno al parque Gezi de Estambul. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ya falló en diciembre de 2019 a favor de Kavala y resaltó que sufría una detención arbitraria en Turquía desde noviembre de 2017. Por ello, reclamó su liberación inmediata.
Las manifestaciones comenzaron en un principio para protestar por el nuevo diseño planteado para el parque, pero se extendieron rápidamente por todo el país. Supusieron un desafío sin precedentes para el presidente, Recep Tayyip Erdogan, que denunció un trasfondo político en esta movilización.
Kavala, que permanece recluido desde 2017 en la cárcel de Silivri --situada al oeste de Estambul y considerada la mayor de todo el país--, ha denunciado ser víctima de una persecución. En el caso de Kavala, es sospechoso de promover las manifestaciones a través de Anadolu Kultur.
Erdogan y quienes formaban en 2013 parte de su Gobierno figuran como denunciantes en este caso, en el que se pretende responsabilizar a los acusados de los daños materiales y personales --hubo 746 heridos-- derivados de las protestas.