BRUSELAS, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Unión Europea ha criticado este martes la decisión del Tribunal Constitucional ucraniano de revertir aspectos de la ley anticorrupción asegurando que el fallo cuestiona los compromisos internacionales del país en materia de corrupción.
En un comunicado del portavoz de Exteriores, Peter Stano, el bloque europeo ha instado a las autoridades ucranianas a que restauren la legislación sobre declaración electrónica de bienes y las competencias de la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción. En el mismo apunte, la UE pide estabilizar la condición jurídica de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania antes de la fecha límite del 16 de diciembre establecida por el Constitucional ucraniano.
"La decisión sobre aspectos de la ley anticorrupción tiene consecuencias de largo alcance en toda la infraestructura anticorrupción de Ucrania. La decisión pone en cuestión una serie de compromisos internacionales que ha asumido Ucrania con sus socios internacionales, incluida la UE", ha señalado el Servicio de Exteriores de la UE.
La diplomacia europea recuerda que la lucha contra la corrupción es uno de los elementos clave en la agenda de Bruselas y Kiev, tal y como constataron en el programa de asistencia macrofinanciera recientemente acordado. En todo caso, ha valorado que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, haya reaccionado rápido y se haya comprometido a abordar esta cuestión.
Ucrania se encuentra en un momento clave en su relación con la UE, ya que Bruselas ve riesgo de regresión democrática en el país si las mejoras relativas al Estado de Derecho y a lucha contra la corrupción no son aplicadas debidamente y generan resultados tangibles.
Estas reformas han generado una disputa entre los poderes del Estado, con la decisión del Constitucional de invalidar parte de las reformas impulsadas por el gobierno. Como respuesta, Zelenski ha llevado al Parlamento un proyecto de ley para cesar a los jueces del Tribunal Constitucional y ha solicitado a los parlamentarios que recuperen la legislación anticorrupción derogada por el alto tribunal.