BRUSELAS, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha propuesto este miércoles una revisión de la directiva sobre víctimas de delitos para reforzar su protección en toda la Unión Europea, por ejemplo asegurando asistencia psicológica para las víctimas más vulnerables o garantizando que reciben la indemnización que les corresponde mediante adelanto del Estado hasta que el delincuente asuma el pago.
La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario encargada de Estado de derecho, Vera Jourova, ha cifrado en "unos 75 millones de personas" el número de víctimas de delitos graves cada año en la Unión Europea y advertido de la necesidad de "reforzar sus derechos". "Trabajamos en estrecha colaboración con quienes asisten a las víctimas y saben realmente lo que estas necesitan", ha dicho, por su parte, el comisario de Justicia, Didier Reynders.
La reforma, que debe ser primero negociada entre el Parlamento Europeo y el Consejo para ver la luz, plantea que sea el Estado quien abone directamente a la víctima la indemnización que le corresponda cuando se resuelva el procedimiento penal, sin esperar a que recurra a otro juicio para reclamarla ni a que el autor proceda al pago de la compensación. Bruselas cree que Estado debería adelantar el pago y ser reembolsado después por el autor.
Otra novedad es asegurar que las víctimas están bien informadas de sus derechos y disponen de los recursos necesarios para denunciar un delito, incluido un número de teléfono único, el 116006, activo en toda la Unión Europea.
La nueva norma también debería mejorar las medidas de seguridad adaptadas a las necesidades específicas de las víctimas vulnerables (por ejemplo, niños, personas mayores, personas con discapacidad, víctimas de delitos motivados por el odio o víctimas detenidas).
Para ello, los servicios comunitarios piden una mejor evaluación caso por caso de las necesidades de protección de cada víctima desde el primer contacto que establezca con las autoridades y que se amplíe la lista de medidas de protección posibles, como órdenes de protección o presencia policial.
Asimismo, la propuesta comunitaria plantea garantías de acceso de las víctimas vulnerables a servicios de asistencia especializada, por ejemplo la asistencia psicológica gratuita durante el tiempo necesario en función de las necesidades particulares de la víctima.