Publicado 12/01/2022 15:14

UE.- Bruselas pide suspender la exención de visados a Vanuatu por los riesgos de su política de 'pasaportes dorados'

Banderas de la UE en la sede de la Comisión Europea en Bruselas
Banderas de la UE en la sede de la Comisión Europea en Bruselas - ALEXEY VITVITSKY / SPUTNIK / CONTACTOPHOTO

BRUSELAS, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha pedido este miércoles suspender el acuerdo que exime de la obligación de tramitar un visado para acceder a la UE a los turistas procedentes de Vanuatu, en el Pacífico Sur, al considerar que la política de 'pasaportes dorados' que este país insular ofrece a grandes inversores extranjeros plantea "riesgos de seguridad".

La propuesta llega después de contactos de Bruselas con las autoridades del país avisando de las dudas de la UE respecto a dos programas de inversión con los que este país concede la ciudadanía a extranjeros que realicen inversiones de un mínimo de 130.000 dólares.

En la práctica, la concesión de un 'pasaporte dorado' supone también que el inversor extranjero pasaría a estar exento de la obligación de solicitar un visado para viajar a cualquier país de la UE, un requisito que de otro modo sí debería cumplir para llegar a suelo comunitario.

Los expertos comunitarios consideran que estos programas tienen "graves deficiencias y fallos de seguridad" que permiten, por ejemplo, que individuos que figuran en las bases de datos de Interpol obtengan sin problema la ciudadanía en Vanuatu.

Tampoco gusta al Ejecutivo comunitario los plazos "demasiado cortos" de los trámites para expedir estos pasaportes a cambio de inversiones ni el hecho de que no haya intercambio sistemático de información entre el país de origen o residencia principal del solicitante antes de concederle el documento.

Bruselas alerta además de que Vanuatu apenas rechazó una única solicitud de pasaporte desde que se puso en marcha esta ventaja para inversores extranjeros en 2015 hasta hoy.

Para que la suspensión que pide la Comisión sea efectiva es necesario primero que así lo aprueben los Veintisiete y que el Parlamento Europeo sea informado, además de informar con un plazo de dos meses a la autoridades del país antes de aplicar el cambio.