UE.- El comisario designado de Justicia estudiará "seriamente" si es necesaria una revisión de la euroorden

Publicado 27/09/2019 12:55:39CET

BRUSELAS, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El comisario designado para ocupar la cartera de Justicia en la próxima Comisión Europea, el liberal belga Didier Reynders, se ha comprometido este viernes a "considerar seriamente" la posibilidad de revisar las reglas de la orden europea de detención y entrega (OEDE).

"A la luz de la evaluación sobre el cumplimiento (que la Comisión lleva a cabo), consideraré seriamente si llevar adelante una propuesta para revisar la orden europea de detención", ha escrito Reynders en su respuesta al cuestionario que le ha enviado la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo.

Este cuestionario es el primer paso del examen al que debe someterse cada comisario candidato para contar con el aval parlamentario para integrar el próximo Ejecutivo comunitario. El próximo día 2 cumplirá con la segunda fase, tres horas de sesión parlamentaria ante la comisión competente en la que deberá responder a las preguntas de los eurodiputados, aunque no está claro si esta cuestión volverá a surgir.

En el caso del cuestionario escrito, el político belga ha tenido que responder a este asunto a petición de Ciudadanos, que defendió que se le preguntara por sus intenciones sobre la euroorden.

La pregunta fue aprobada con el apoyo del Partido Popular Europeo y de su grupo, Renovar Europa, pero con el voto en contra de Socialistas, Verdes e Izquierda Unitaria. El grupo de Conservadores y Reformistas, en el que se integra Vox, no se pronunció sobre la cuestión.

En su respuesta, Reynders subraya que la euroorden es un "instrumento esencial" de la Unión Europea en el campo de la Justicia y recuerda el Ejecutivo comunitario está analizando el grado de cumplimiento por parte de los Estados miembros del reglamento y que estudiará la conveniencia de imponer sanciones si se detectan faltas graves.

"Un sistema de euroorden exitoso depende enteramente de una cooperación efectiva entre los Estados miembros", añade Reynders.

EVALUACIÓN EN CURSO

La aún comisaria de Justicia y futura vicepresidenta comunitaria responsable de Estado de derecho, Vera Jourova, que en el pasado negó la necesidad de revisar este instrumento, sí concedió este mes en una carta a la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa (UPyD por Ciudadanos), que la implementación de la euroorden "no es del todo satisfactoria en algunos" países de la Unión Europea.

Jourova, además, avanzó en su escrito que la Comisión estudiará sanciones contra los países incumplidores si la evaluación concluye que existen fallos graves.

Pagazaurtundúa alertaba en su queja a Bruselas del riesgo de impunidad por la mala aplicación del sistema y señalaba especialmente la falta de confianza mutua entre Estados miembro. Así, señalaba la "incorrecta aplicación" de la euroorden en casos "graves" como los del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y de la etarra Natividad Jáuregui, reclamados por las autoridades judiciales españolas pero que Alemania y Bélgica rechazaron extraditar.

PASO EN LA BUENA DIRECCIÓN

En declaraciones a la prensa tras recibir la respuesta del comisario, Pagazaurtundúa ha opinado que es "un buen paso adelante" y un "importante compromiso", aunque ha advertido de que no da por cerrado el asunto y que insistirá en el "proceso de sensibilización" para avanzar hacia la reforma.

La eurodiputada considera "absolutamente necesario" que se inicie una revisión de las reglas de la euroorden, porque la experiencia demuestra disfunciones y abusos que se corregirían, en su opinión, con cambios como la actualización de la lista de delitos para la extradición automática, de modo que haya criterios "mucho más claros" y con seguridad jurídica.

De este modo, la eurodiputada defiende que no quedaría espacio para la "arbitrariedad judicial" y además se sumarían categorías para luchar contra "las amenazas del siglo XXI", evitar abusos y reforzar la confianza mutua, de modo que se mejore el apoyo que los Estados miembro deben darse "para que el Estado de derecho no corra riesgos innecesarios".