BRUSELAS, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Unión Europea ha denunciado que la represión en Nicaragua está socavando la democracia y el Estado de Derecho en el país y ha instado al Gobierno del presidente, Daniel Ortega, a reanudar el diálogo nacional para resolver la crisis en el país tras culparle del estancamiento actual por su "la falta de implicación de las autoridades".
"Cinco meses después del estallido de las protestas sociales en Nicaragua, la situación en el país sigue siendo un motivo de fuerte preocupación para la Unión Europea y sus estados miembro", ha avisado la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, en nombre del bloque en un comunicado pactado con los Veintiocho previamente.
La jefa de la diplomacia europea ha denunciado que "los principios básicos de democracia, rendición de cuentas y Estado de Derecho continúan siendo seriamente minados por el entorno represivo, que crea un clima de miedo y desconfianza" y ha acusado al Gobierno del actual estancamiento.
"El diálogo nacional con el objetivo de alcanzar soluciones políticas a estos problemas está ahora estancado debido a la falta de implicación de las autoridades", ha avisado en la nota, en la que dejan claro que la Unión y los Veintiocho siguen apoyado "un diálogo inclusivo sobre justicia y democracia como vía de salir de la crisis actual".
El bloque europeo ha instado al Gobierno de Nicaragua a "parar el uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes, cesar las detenciones en base a leyes que criminalizan la protesta pacífica, liberar a los manifestantes pacíficos y restablecer el respeto pleno del proceso debido para todos los detenidos" y que "reanude el diálogo nacional", proceso que, asegura, están dispuestos a apoyar "más" en el futuro, a fin de lograr "las aspiraciones democráticas legítimas" de la población.
La Unión ha lamentado que "la falta de cooperación oficial" del Gobierno nicaragüense con las misiones internacionales que investigan los abusos de Derechos Humanos cometidos sobre el terreno "impide la plena rendición de cuentas y hacer justicia y alientan la impunidad".
En este contexto, han pedido al Gobierno nicaragüense permitir la vuelta de la misión del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y prestar "el apoyo necesario" solicitado para la misión de seguimiento y al grupo de expertos independientes para poder llevar a cabo su labor y que aplique las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, especialmente para que los autores de abusos rindan cuentas y desarmar y desmantelar a los grupos armados.
Nicaragua ha sido escenario de una ola de protestas que se ha sucedido durante cinco meses y que ha dejado más de 300 fallecidos, según la CIDH.
Un plan de Ortega para reducir los beneficios a los pensionados desató las manifestaciones a mediados de abril. El Gobierno se retractó poco después, pero la represión generó más turbulencias.
La ONU, la CIDH y otros organismos internacionales han dicho que, durante las protestas, se han violado los Derechos Humanos y se han producido ejecuciones extrajudiciales por parte de grupos parapoliciales, algo que ha sido negado por Ortega.
El exguerrillero izquierdista, que retomó el poder en 2007, ha sido acusado de amañar elecciones, controlar los medios, manipular la justicia y querer instaurar una "dictadura familiar" junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.