BRUSELAS, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Defensora del Pueblo de la Unión Europea, Emily O'Reilly, ha informado este jueves de la apertura de un expediente para aclarar si la agencia europea de control de fronteras Frontex aplica debidamente el mecanismo de denuncia para atender los casos de demandantes de asilo que acusan a esta agencia de haber violado sus Derechos fundamentales durante alguna de sus operaciones.
Para ello pide a la cuerpo europeo de guardacostas que aclare qué ocurre con las denuncias de migrantes que son expulsados a países terceros mientras su denuncia está aún en trámite y que informe de qué posibilidades de apelación tienen estas personas.
También pide información sobre el modo en que Frontex supervisa las quejas presentadas contra autoridades nacionales y qué mecanismos tienen los migrantes en países terceros pueden denunciar presuntas violaciones de sus Derechos fundamentales por parte de agentes de Frontex.
La mediadora europea, además, informa en su escrito de que se ha puesto en contacto con la red de Defensores del Pueblo de los países de la UE para pedirles colaboración y que remitan información si demandantes de asilo han presentado denuncias contra Frontex en sus departamentos.
El objetivo principal de esta investigación es evaluar la "eficacia y transparencia" del mecanismo de denuncias que creó Frontex hace varios años, precisamente a instancias de la Defensora europea, así como analizar el papel e independencia del "responsable de Derechos Fundamentales" en el cuerpo.
Reilly quiere así comprobar si en ambos casos están "facultados verdaderamente" para examinar las denuncias que les lleguen, en un momento en que Frontex está bajo el foco de la polémica por su presunta permisividad y participación en devoluciones en caliente realizadas por guardacostas griegos.
La propia agencia anunció a finales de octubre una investigación interna para aclarar si agentes bajo su mando participaron en expulsiones ilegales de migrantes en el mar Egeo, para impedir que llegaran a Grecia desde Turquía, tal y como denunciaron en una investigación conjunta varios medios internacionales.
En una comunicación a la comisaria de Interior, Ylva Johansson, el director ejecutivo de Frontex, Fabrice Leggeri, negaba las acusaciones alegando que no había pruebas que apuntaran a tales prácticas pero se comprometió a una investigación interna para asegurar los más altos estándares de la agencia europea.