BRUSELAS, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Unión Europea participará en la Cumbre por la Democracia que organiza Estados Unidos los próximos 9 y 10 de diciembre, aunque no podrá hacer contribuciones a nivel de los Veintisiete por el bloqueo que mantiene Hungría, único Estado miembro no invitado a la cita.
La decisión de Joe Biden de dejar fuera de la cita al Gobierno de Viktor Orban ha generado polémica en el seno de la UE, con Budapest intentando boicotear la presencia de los representantes de los Veintisiete.
Finalmente, participarán la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo, Charles Michel, en nombre de la UE, según confirman fuentes comunitarias, aunque el hecho de que el bloque no tenga una posición común lastrará su contribución al foro.
La posición de Hungría imposibilita que Michel hable en nombre de los Veintisiete, ya que al tratarse de una cuestión de política exterior requiere de la unanimidad de todos los Estados miembros de la Unión. "Sin consenso es evidente que no pueden hacer contribuciones comunes de la UE", han indicado las mismas fuentes.
Eso sí, distintas fuentes diplomáticas insisten en que los líderes de las instituciones europeas tienen margen de maniobra y centrarán su discurso en posiciones ya acordadas para promover la democracia. Así se espera que Michel intervenga en la Cumbre y haga mención a medidas ya acordadas por los Veintisiete, incluida Hungría.
La lista de invitados de Biden a la reunión de demócratas que tendrá lugar en Washington no está exenta de polémica al encontrarse todos los miembros de la Unión Europea, excepto Hungría. Polonia, cuyo Gobierno ha protagonizado en los últimos tiempos choques con Bruselas y ha sido cuestionado por el respeto a los Derechos Humanos.
En total, Estados Unidos ha invitado a la conferencia a 110 países, incluido Taiwán, lo que ha generado roces con China. Fuera de la lista quedan otros aliados tradicionales de Washington como Egipto, Marruecos o Turquía, además de potencias como Rusia y China.
Budapest ha recibido críticas los últimos meses por su deriva antidemocrática, en particular por las dudas que se han suscitado en materia de Estado de Derecho o derechos y libertades fundamentales. La Comisión Europea ha amenazado con congelar el desembolso de fondos comunitarios.