BRUSELAS, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
La candidata a comisaria gala, Sylvie Goulard, se ha defendido este miércoles que está "limpia" y no está imputada pese a que está siendo investigada en Francia y por la Oficina antifraude comunitaria (OLAF) por el uso de fondos europeos para la contratación ficticia de un asistente cuando era eurodiputada por el partido de centro MoDem y que se ha visto obligada a devolver 45.000 euros al Parlamento Europeo.
"Estoy limpia", ha asegurado la comisaria designada para asumir la cartera de Mercado Interior, Industria y Defensa durante su examen conjunto ante las Comisiones de Mercado Interior, Industria, Asuntos Jurídicos y la de Cultura y Educación de la Eurocámara.
Respecto a los 45.000 euros que se ha visto obligada a devolver a la Eurocámara, Goulard ha explicado que se corresponde a las cotizaciones sociales que abonó a un asistente local en virtud del derecho laboral francés "a título justo para proteger a los asalariados" que contrató en 2009 y del que prescindió en su segundo mandato europarlamentario "de forma amistosa", insistido en que "no quería un procedimiento de despido" y en que la Eurocámara ha concluido que "no ha habido una intención fraudulenta".
La candidata a comisaria, que fue interrogada a principios de septiembre por este asunto por la Policía gala, ha explicado que fue escuchada "como testigo libre" y no ha sido "imputada" por este caso.
"No estoy imputada después de ser escuchada como testigo libre", ha remachado, reconociendo que para algunos eurodiputados este hecho "no es suficiente". "Es vuestra decisión pero creo que es importante recodarlo", ha remachado.
Goulard ha pedido que se respete "la presunción de inocencia" y ha prometido sacar "las consecuencias" si es condenada, al ser preguntada si dimitirá en este caso, aunque ha insistido en que confía en poder trabajar "cinco años" como comisaria.
"Respeto a la justicia de mi país", ha dicho. "Cuando eres condenado se sacan las consecuencias. Respetará este tipo de consecuencias, pero por ahora es una cuestión hipotética", ha subrayado, al tiempo que ha reconocido que la investigación en Francia y por la agencia antifraude de la UE "están ligadas".
También se ha tenido que defender de las críticas de numerosos eurodiputados por haber trabajado para el Instituto Berggruen, un grupo de opinión estadounidense, entre 2013 y 2016, cobrando 13.000 euros al mes, mientras era eurodiputada y ha recordado que la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara ha validado su declaración de bienes presentada.
"He declarado todo. Todo era legal", ha defendido. Y aunque ha reconocido que sus honorarios eran "sumas elevadas", se ha defendido alegando que están dentro de las "prácticas" para este tipo de trabajo de "consultación internacional", al tiempo que ha justificado sus cualificaciones. "Puedo trabajar en cuatro lenguas", ha defendido.