BRUSELAS, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
El grupo de la Izquierda Unitaria en el Parlamento Europeo ha llamado este miércoles a tumbar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Perú y Colombia que el pleno debe votar la próxima semana en Estrasburgo (Francia), porque teme que su entrada en vigor favorezca los delitos fiscales como la evasión de impuestos y el blanqueo de capitales del narcotráfico.
El eurodiputado Jünger Klute y la analista Myriam Vander Stichele, del Centro de investigación de las empresas multinacionales (SOMO), han presentado un informe en el que denuncian la falta de medidas específicas en el convenio con Perú y Colombia para "combatir el crimen fiscal", pese a que Perú y Colombia son "los dos principales productores mundiales de cocaína".
En una rueda de prensa en la sede de la Eurocámara en Bruselas, Klute ha considerado "hipócrita" que se ofrezcan nuevas oportunidades de negocio a "empresas transnacionales que se caracterizan por sus prácticas de evasión fiscal y uso de paraísos fiscales".
"Facilitar la entrada en la Unión Europea de capitales procedentes del crimen no va a ayudar a resolver la crisis en Europa, sino, al contrario, existe el riesgo de agravarla", ha insistido el eurodiputado.
El pleno del Parlamento Europeo debatirá el acuerdo el próximo lunes, 10 de diciembre, y votará si lo ratifica o no un día después, el martes 11. El pleno puede aprobar o rechazar el Tratado de libre Comercio, pero no puede modificar en nada su contenido.
En un voto preliminar el pasado noviembre en la comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara, el acuerdo recibió el visto bueno de los eurodiputados, pese a dos enmiendas en contra de la Izquierda Unitaria y de Los Verdes, por lo que no se espera que el pleno ponga obstáculos a su ratificación, según han explicado fuentes parlamentarias.
El convenio, que fue cerrado a finales de 2009 y firmado por las partes en junio de este año, permitirá a ambas partes eliminar de forma gradual los aranceles sobre exportaciones e importaciones y liberalizará los mercados de servicios y contratación pública.
Para su entrada en vigor, además del visto bueno del Parlamento Europeo debe producirse aún la ratificación por parte de Perú y Colombia.
Durante las negociaciones y el posterior proceso para de aprobación, el acuerdo ha sido fuertemente criticado por la Izquierda Unitaria y Los Verdes, pero también por actores de la sociedad civil por las dudas de que estos dos países cumplan los estándares de respeto de los Derechos Humanos, laborales y medioambientales que exige la UE. El pacto prevé una salvaguarda para la suspensión del mismo en caso de violaciones de derechos fundamentales por alguna de las partes.