BRUSELAS 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlamento Europeo ha dado este martes luz verde a la reforma que permitirá a la Unión Europea reintroducir la obligación de visado a países hasta ahora exentos pero que no actúen para frenar la migración irregular, que concedan 'pasaportes dorados' a grandes inversores extranjeros o violen los Derechos Humanos.
Los negociadores de la Eurocámara y del Consejo (gobiernos) cerraron el pasado junio el acuerdo político para ampliar los supuestos en los que el bloque podrá suspender la exención de visados, por ejemplo para responder ante nuevas amenazas como los ataques híbridos de terceros países que ayudan a las mafias que trafican con personas a abrir rutas ilegales hacia territorio de la Unión.
La revisión del mecanismo supone que también las violaciones de los Derechos Humanos y el incumplimiento de las decisiones de tribunales internacionales serán motivos para restablecer los requisitos de visado, según el nuevo marco refrendado por el pleno de la Eurocámara reunido en Estrasburgo (Francia), con 518 votos a favor, 96 en contra y 24 abstenciones. Falta aún el visto bueno formal del Consejo para su entrada en vigor.
Actualmente, hasta 61 países se benefician de la exención de visados de la Unión Europea que permite a sus nacionales viajar al espacio sin fronteras Schengen sin necesidad de realizar este trámite consular si se trata de estancias cortas, es decir, de hasta 90 días en un período de 180 días.
La Unión Europea ya cuenta con un marco para reintroducir temporalmente la exigencia de visados a ciudadanos procedentes de países que relajan los controles fronterizos, no cooperan suficientemente en los retornos de migrantes de irregulares o ante un fuerte aumento repentino de demandantes de asilo procedentes de países para los que el reconocimiento del derecho a asilo es bajo.
Con los cambios, la Unión podrá revocar temporalmente la exención de visados a países que violen la Carta de Naciones Unidas o ejerzan violaciones graves de Derechos Humanos, del Derecho internacional o incumplan decisiones de tribunales internacionales; al tiempo que aclara que Bruselas podrá impedir a los Estados miembro eximir de la exigencia de visado a funcionarios públicos con pasaporte diplomático o de servicio que puedan ser cómplices de las violaciones de Derechos Humanos.
Entre los países que se benefician de una entrada libre de visados están Reino Unido, Israel, Estados Unidos, la mayor parte de Latinoamérica, Ucrania, Japón o Australia, mientras que la UE tiene en suspenso los acuerdos con Rusia y Bielorrusia.
En el contexto migratorio, el acuerdo suma a la falta de cooperación en las deportaciones de migrantes irregulares otras razones para suspender la liberalización de los visados, por ejemplo que el país no se alinee a la política europea de visados y controles y pudiera, con ello, convertirse en una pasarela para la entrada ilegal en la UE.
Con la reforma acordada se refuerzan estos supuestos aclarando los umbrales por los que sopesar suspender la exención de visados, por ejemplo si aumenta un 30% los casos de denegación de entrada y estancia prolongada, de demandas de asilo o de infracciones penales graves.
También aclara que una tasa de reconocimiento de peticiones de asilo deberá considerarse a partir del 20% hacia abajo, aunque se da flexibilidad a la Comisión Europea para poder "desviarse" de estos porcentajes en casos "justificados".
Además, el periodo inicial para suspender la exención de visados pasa de los 9 meses actuales a 12, con la posibilidad de prorrogar la medida otros 24 meses (frente a los 18 meses del sistema en vigor); con el objetivo de dar tiempo suficiente a la Comisión Europea para establecer un diálogo formal con el país en cuestión para buscar soluciones a la situación que haya llevado a la represalia. En caso de no resolver las deficiencias, la UE podrá revocar permanentemente el régimen de exención de visados.
Otra de las políticas que preocupa a la Unión y que se incluirá en los supuestos para endurecer la política de visados con un país tercero es que éste cuente con un esquema de ciudadanía para grandes inversores extranjeros, conocidos como "pasaportes dorados", porque supone que grandes fortunas puedan "comprar" un documento que indirectamente les garantizaría la entrada sin control en la Unión Europea.