BRUSELAS, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los ministros de Interior de la Unión Europea se verán este viernes en una reunión extraordinaria de la que no se esperan decisiones concretas sino "facilitar el diálogo" entre países, en un intento por rebajar la tensión por desencuentros como el que llevó a Francia a romper recientemente con la reubicación voluntaria de refugiados, en represalia por la negativa de Italia a permitir el desembarco en su territorio de los migrantes rescatados por una ONG en el Mediterráneo central.
Los países de la Unión Europea observan con preocupación que las cifras de llegadas irregulares por rutas como la del Mediterráneo central o la de los Balcanes occidentales "están aumento" y "la situación se está complicando", según fuentes europeas, que justifican la convocatoria extraordinaria en Bruselas como la necesidad de avanzar hacia "soluciones europeas duraderas" en un asunto que divide a los Estados miembro desde hace años.
"Hace dos años no se podía ni hablar de migración", concede un alto diplomático europeo para poner en valor que los Veintisiete cuenten ahora con una 'hoja de ruta' con la que desbloquear gradualmente los distintos elementos del Pacto de Migración y Asilo que negocian sin éxito desde 2020 y cuyo pilar fundamental --el reparto del peso de la acogida de los demandantes de asilo que llegan a los países en primera línea-- sigue siendo motivo de fricción.
Por ello, la Comisión Europea ha visto una oportunidad en la crisis abierta entre París y Roma para reactivar las conversaciones para una solución a largo plazo pero intentar construir consensos más urgentes al mismo tiempo en torno a un "plan de acción" que presentó esta misma semana y defenderá ante los ministros este viernes.
Entre las prioridades, Bruselas se ha fijado relanzar el mecanismo voluntario de reubicación que más de una decena de países --entre ellos España-- respaldaron el pasado junio y que Francia abandona ahora por su disputa con el Gobierno italiano de la ultraderechista Giorgia Meloni.
Esta plataforma fue diseñada con el compromiso de trasladar a miles de migrantes llegados en primer lugar a países en primera línea como Italia o Malta a otros países del bloque pero, en la práctica, apenas ha servido para la reubicación de un centenar de personas.
"Es irónico, tenemos todo lo que necesitamos en la punta de los dedos pero fuera de nuestro alcance. Es como tener un paracaídas y elegir saltar del avión sin él", dijo el martes el vicepresidente comunitario responsable de migración, Margaritis Schinas, en un debate ante el pleno del Parlamento Europeo en el que quiso defender la necesidad de acordar la reforma del Pacto migratorio.
Se han cumplido ya dos años desde que Schinas presentó junto a la comisaria de Interior, Ylva Johansson, una propuesta de reforma de la política migratoria y de asilo con la que establecer un equilibrio entre la solidaridad y la responsabilidad de los países de la UE que busca salvar las diferencias entre los países del sur, más expuestos, y otros como Hungría que rechazan toda acogida.
El Pacto plantea medidas vinculantes, incluido un mecanismo para el reparto entre socios de la acogida de los refugiados que permitirá a los gobiernos que no quieran asumir su cuota contribuir financieramente, así como un refuerzo del control de la frontera exterior de la UE y un impulso a la cooperación con los países de origen y tránsito de las rutas irregulares para frenar las salidas y agilizar las deportaciones.
PLAN DE ACCIÓN
Entretanto, el Ejecutivo espera el apoyo de los Veintisiete al plan de acción con una veintena de medidas, incluido reactivar la plataforma voluntaria de reubicación que, a ojos de Bruselas, puede servir de "puente" hacia el mecanismo permanente que existe en el marco del Pacto de Migración y Asilo.
Junto al reparto voluntario, el plan de Bruselas se apoya sobre otros dos pilares: mejorar la coordinación en materia de salvamento entre Estados miembro y con actores tercero como ONG o agencias europeas y relanzar la cooperación con países terceros y organizaciones internacionales para reforzar el control de las fronteras en los puntos de salida de los migrantes y agilizar los retornos.
En este punto, el Ejecutivo comunitario llama la atención sobre el hecho de que la mayoría de personas llegadas por la ruta del Mediterráneo central proceden de Egipto, Túnez y Bangladesh aunque llegan desde Libia, por lo que la UE los considera migrantes económicos sin derecho a protección internacional.
Por ello, Bruselas aboga por dar más medios a las autoridades de Libia y Túnez para frenar las salidas y luchar contra las mafias y buscar acuerdos con los países de origen para asegurar deportaciones rápidas y seguras de sus nacionales.