Actualizado 27/02/2006 15:38

Uruguay/Argentina.- El 42% de los uruguayos reclama "mayor decisión" de su Gobierno en el conflicto de las papeleras

Váquez recurrió formalmente el viernes a la OEA para acabar con el corte de comunicaciones terrestres que está afectando a la economía


MONTEVIDEO, 27 Feb. (EP/AP) -

El 42% de los ciudadanos de Uruguay reclama "una mayor decisión" a su Gobierno a la hora de tomar medidas en el conflicto con Argentina por la construcción de dos plantas de celulosa en una zona fronteriza entre ambos países, en la ciudad de Fray Bentos,d epartamento de Río Negro, según una encuesta elaborada por la empresa Equipos Mori.

En este sentido, el estudio también muestra cómo el 37% de los encuestados opinaron que los pasos que habían dado las autoridades uruguayas en este sentido eran "correctos", mientras que el 10% manifestó que el Gobierno de Tabaré Vázquez "debería ser menos agresivo en este asunto".

La encuesta detectó además que se ha producido "un alto apoyo a la instalación de estas fábricas", que se ubicarán en una zona cercana al Río Uruguay, cerca de la frontera con Argentina. Sin embargo, la empresa explicó que "existen opiniones diversas en cuanto a la evaluación que los uruguayos hacen de la gestión de su Gobierno".

El proyecto de construcción de estas dos nuevas fábricas de celulosa ha provocado un conflicto en las relaciones diplomáticas entre Argentina y Uruguay, agravado por las protestas de organizaciones ecologistas argentinas que llevan semanas bloquendo varios de los accesos al país vecino.

El Gobierno argentino mantiene una postura de oposición a estas plantas, ya que en su opinión "afectarán al Medio Ambiente", mientras que Uruguay argumenta que se han tomado las medidas necesarias para que este impacto no se produzca.

Además, las autoridades argentinas tienen previsto llevar este a caso ante el Tribunal Internacional de la Haya, ante lo que Uruguay ha respondido acudiendo a Mercosur con el objetivo de acabar con las acciones de protesta de las ONG ecologistas, que afectan al tráfico de mercancías y de personas en las fronteras de ambos países.

Los proyectos se llevarán a cabo con una inversión de 1.860 millones de dólares (cerca de 1.500 millones de euros), que serán financiados por el Banco Mundial, que se hará cargo de aproximadamente una cuarta parte del coste total de la operación. El resto del capital necesario lo aportarán entre las dos empresas responsables de los proyectos, el grupo español ENCE y la finlandesa Metsa Botnia, a través de su filial Orión.

VÁZQUEZ ACUDE A LA OEA

Por su parte, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, solicitó formalmente el viernes a la Organización de Estados Americanos (OEA) que intervenga en este conflicto con Argentina, con el fin de acabar con el "corte de comunicaciones terrestres y puentes de acceso entre ambos países que está afectando a la economía uruguaya".

Según recoge el diario argentino 'La Nación', el presidente de Uruguay acusó a su homólogo argentino, Néstor Kirchner, "de falta de disposición al diálogo", ante lo que ratificó su defensa de la instalación de las plantas de celulosa en la zona fronteriza.

De este modo, destacó que una de las prioridades de su Gobierno para 2006 será "la defensa de la inversiones productivas, entre ellas las plantas de producción de pasta de celulosa de Botnia y ENCE, ya acordadas y en proceso de instalación, y a la vez la preservación del Medio Ambiente".

El gobierno uruguayo hizo entrega de una carta oficial en la que se insiste en la defensa de la construcción de estas papeleras y en la que también se recogen los impactos ambientales que supondrían estas dos fábricas de celulosa.

A juicio de Vázquez, el propósito de las organizaciones ecologistas que cortaron los accesos fronterizos es el de "forzar a Uruguay a detener la construcción cuya instalación ya fuera aprobada por las autoridades uruguayas competentes de acuerdo de las exigencias internacionales y la legislación vigente".

En este sentido, indicó que las acciones de las ONG "transgreden de forma flagrante el derecho a la circulación", por lo que se han producido "graves daños económicos" a Uruguay, lo que para él "es una violación de acuerdos como el del Mercosur. Aunque el presidente de Urugay recuerda que su Gobierno está dispuesto a mantener conversaciones con Argentina, su predisposición "todavía no ha encontrado respuesta".