Actualizado 13/04/2011 15:46

Uruguay.- Dimite un senador de la coalición gobernante por la abolición de la ley de amnistía


MONTEVIDEO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El legislador oficialista y ex guerrillero Eleuterio Fernández Huidobro ha renunciado a su escaño en el Senado tras haberse aprobado en una ajustada votación la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que contemplaba una amnistía para los policías y militares responsables de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura (1973-1985).

La decisión del ex guerrillero tupamaro ha tomado por sorpresa al Poder Legislativo que se enzarzó en un maratónico debate de 12 horas que culminó la madrugada de este miércoles. Fernández Huidobro ha dicho que votó a favor de la propuesta del Frente Amplio (FA) --coalición gobernante-- "por disciplina partidaria", aunque no estaba de acuerdo.

Fernández Huidobro ha dicho en declaraciones al diario uruguayo 'La República' que dimitía por "coherencia política", pues está en completo desacuerdo con que se anule una ley que ha sido votada en dos consultas realizadas en 1989 y 2009.

"Más allá de coincidencias o discrepancias, se trata de acatar el pronunciamiento popular o en su defecto llamarlo nuevamente en consulta", ha dicho al rotativo.

Por su parte, el legislador del FA Jorge Saravia ha sido el único de la coalición que votó en contra, alegando que con la abolición "no se va a encontrar a los desaparecidos" que dejó el régimen militar. "Al hacer esto se juega con el dolor de la gente", ha manifestado.

La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado --aprobada un año después de la caída del régimen militar-- contempla que "para concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional" queda anulada la capacidad de la justicia uruguaya de castigar a los responsables de delitos contra los Derechos Humanos cometidos durante la dictadura.

Sin embargo, con la llegada de la izquierda al poder en 2005 se autorizaron los primeros procesos contra militares y se abrieron un total de 16 juicios contra los ex dictadores Gregorio Alvarez y Juan María Bordaberry, y otros funcionarios del régimen militar.