MONTEVIDEO, 29 Oct. (EP/AP) -
La ministra de Defensa Nacional Azucena Berruti calificó hoy como "grave" las declaraciones atribuidas a un general, segundo comandante de las fuerzas de paz en Haití, cuestionando la política de Derechos Humanos del gobierno izquierdista.
La ministra aludía así en declaraciones a la prensa, las expresiones del general Raúl Gloodtdofsky a quien se le atribuyó que en una reunión en Haití con otros oficiales de la fuerza de paz uruguaya, acusar a la Armada y Fuerza Aérea "haber traicionado una vez más al ejército", en relación a las políticas de derechos humanos y de revisionismo del gobierno sobre el período de la dictadura militar entre 1973 y 1985.
"Nos dejaron solos con el tema de los desaparecidos pero esta vez se la vamos a cobrar", dijo el general. No se conocieron reacciones de la Armada y de la Fuerza Aérea.
Berruti, quien convocó a Gloodtdosfky a Uruguay, declaró que la "situación es delicada porque afecta un cargo internacional", aludiendo a que esas fuerzas de paz dependen de las Naciones Unidas.
La ministra, sin embargo, sostuvo que "no hay malestar con él en el gobierno", porque "eso sería prejuzgar", sobre lo que ocurrió en Haití. Las expresiones del general Gloodfotzsky "son graves" por la jerarquía del militar, reiteró la ministra.
"Lo mandé a venir para que diera explicaciones de una denuncia de la Armada", dijo. "Es una situación delicada. Afecta una locación donde Uruguay tiene un cargo internacional, habiendo sido designado por las Naciones Unidas. Pero eso no implica riesgos ni para la misión ni para nadie", añadió Berruti.
El ejército es el más cuestionado por su papel en la represión antisubversiva y que devino en un golpe militar. Ha sido responsabilizado del grueso de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron, entre ellos, los 26 desaparecidos en Uruguay y decenas de uruguayos en esa situación en Argentina, como resultado de la cooperación de las dictaduras que por aquellos años regían el cono sur americano.
El gobierno del presidente Tabaré Vázquez, si bien se comprometió a mantener una ley de caducidad que fue sancionada en 1986 y laudada en plebiscito popular en 1989, buscó mecanismos para someter a uniformados a procesos judiciales por desapariciones y asesinatos, en especial ocurridos en la Argentina.
De esta forma, una decena de militares y policías retirados están presos desde mayo de 2006 siendo procesados por la justicia en una maraña de causas que se entrecruzan. Sobre esos militares pende una extradición a la Argentina.
También cumplen prisión preventiva el ex presidente de facto, Juan M. Bordaberry y su canciller, Juan C. Blanco, presuntamente involucrados en asesinatos y desapariciones.