MONTEVIDEO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Uruguay, José Mujica, ha defendido este jueves la constitucionalidad de la ley aprobada ayer en el Parlamento, que considera de lesa humanidad los crímenes cometidos durante la dictadura (1973-1985), impidiendo con ello su prescripción, prevista para el próximo 1 de noviembre.
"La Constitución está vigente en todos sus aspectos fundamentales", ha dicho el presidente, en las primeras declaraciones que ha realizado sobre dicha ley, de cuyo trámite parlamentario se había desvinculado, según informa el diario uruguayo 'El País'.
La oposición considera que esta norma es un ataque a la Ley de Caducidad, aprobada en referéndum en 1989 y 2009, que impide juzgar a ex militares involucrados en violaciones de los Derechos Humanos, así como a la Corte Suprema de Justicia, que en junio determinó que los delitos de la dictadura no son de lesa humanidad.
"Con la Ley que aprobó el Parlamento, el Gobierno ha arrancado varias hojas de la Constitución y ha pasado por encima de la voluntad de la gente", ha escrito el senador del Partido Nacional Jorge Larrañaga.
Si bien, Mujica ha considerado que las críticas de la oposición son fruto de la confrontación partidista, no de una reflexión política. "Siempre se dicen cosas muy exageradas", ha señalado, restando importancia a las declaraciones de Larrañaga.
En consecuencia, el presidente uruguayo ha asegurado que no usará su derecho de veto sobre las decisiones del Parlamento, medida a la que siempre se ha mostrado contrario, por lo que sancionará la ley "cuando pueda", aunque antes del 1 de noviembre.
REACCIONES A LA LEY
Al margen del enfrentamiento político, lo cierto es que la ley ha causado un gran revuelo en la sociedad. Grupos de Derechos Humanos han anunciado que promoverán causas contra los represores de la dictadura, mientras que los militares han adelantado que someterán la constitucionalidad de la ley al juicio de la Corte Suprema de Justicia.
Un grupo de 28 ex presas políticas de al menos seis cárceles uruguayas planea presentar una denuncia por las torturas y abusos sexuales sufridos durante su estancia en el Hospital Militar de Montevideo por parte del personal militar y sanitario.
Por su parte, el presidente del Centro Militar, el coronel Guillermo Cedrez, ha encargado un informe al constitucionalista Gonzalo Aguirre para determinar las posibilidades de éxito de un eventual recurso ante la Corte Suprema de Justicia.
"Ahora vamos a salir a jugar el partido en toda la cancha", ha dicho Cedrez, quien incluso ha advertido de que si finalmente se mantiene la imprescriptibilidad de estos crímenes llevarán adelante varias denuncias contra ex guerrilleros.
A este respecto, un grupo de abogados defensores de los Derechos Humanos ha indicado que, en el caso de que el alto tribunal declare inconstitucional esta ley, denunciará al Estado uruguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por crímenes de lesa humanidad.
Interrogado sobre las acciones jurídicas que podrían derivarse de la aprobación de esta ley, Mujica ha preferido esperar al desarrollo de los acontecimientos. "Tenemos que remitirnos a los hechos. De momento, hay una decisión tomada por la mayoría del Parlamento. Nosotros la acompañaremos y después estaremos a lo que decida la justicia", ha aseverado.