Uruguay.- Uruguayos en España piden a su Gobierno que exija respeto a un tratado que facilita la concesión de residencia

Actualizado 08/03/2006 2:11:40 CET

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Casa Uruguay en Madrid pidió hoy al Gobierno del país sudamericano, que exija el respeto al Tratado Recíproco de Paz y Amistad de 1870 entre ambas naciones, que en su artículo VIII establece que cualquier ciudadano uruguayo o español con una oferta de trabajo puede ejercer su profesión en el territorio del otro, por lo que "debe recibir los permisos de trabajo y residencia", según explicó el directivo de la organización, Daniel Caserta, en declaraciones a Europa Press.

Asimismo, Caserta informó de que el secretario de la organización, Gustavo Álvarez, se encuentra en Uruguay, donde ha solicitado al Gobierno presidido por Tabaré Vázquez que el documento se mantenga, ante la próxima formación de una comisión en España, probablemente en el mes de abril, que estudiará la validez de dicho acuerdo firmado hace más de un siglo.

En este sentido, el directivo recordó que en España existen más de 25 sentencias favorables a ciudadanos de nacionalidad uruguaya relativos a este problema, pese a que la Administración española "no da por válido" el Tratado.

Caserta insistió en que el documento sigue en vigor, "puesto que ninguno de los dos países lo ha abolido", pese a que España argumenta que al existir otro acuerdo posterior, de 1992, que establece que en este caso debe tenerse en cuenta la existencia de desempleo, el documento de 1870 no tiene validez. "Esto no es válido, puesto que un Tratado de menor cobertura no puede invalidar a otro de mayores ventajas", señaló el uruguayo.

El directivo recordó que desde abril comenzará a funcionar en Madrid una comisión bilateral que analizará el régimen de entrada, trabajo y permanencia de los ciudadanos españoles y uruguayos, después de que el ministro de Asuntos Exteriores uruguayo, Reinaldo Gargano, se reuniera con miembros del Ministerio homólogo español.

"Nosotros tememos que esta comisión suponga que el asunto caiga en saco roto", declaró Caserta, quien recordó que existe un problema similar con los ciudadanos argentinos, que ya cuentan con una comisión "desde hace un año y medio", por lo que "somos un poco escépticos".

El controvertido artículo VII, que afecta a más de 12.000 uruguayos que residen en España, establece que "los ciudadanos de la República en España y los súbditos españoles en Uruguay, podrán ejercer libremente sus oficios y profesiones, poseer, comprar y vender por mayor y menor toda especie de bienes y propiedades, muebles e inmuebles, extraer del país sus valores íntegramente, disponer de ellos en vida o muerte y suceder en los mismos por testamento, todo con arreglo a las leyes del país, en los mismos términos y bajo iguales condiciones y adeudos que usan y usarán los de la nación más favorecida".