CIUDAD DE MÉXICO, 20 Jun. (Reuters/EP) -
Varias organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes han criticado este miércoles las medidas puestas en marcha por las autoridades mexicanas después de que una salvadoreña muriera tras recibir una serie de disparos por parte de las fuerzas de seguridad.
El incidente, que se saldó con la muerte de la joven de 19 años y dejó dos heridos de bala, tuvo lugar el viernes en una carretera del estado sureño de Veracruz, donde unos 800 migrantes fueron detenidos un día después por la Policía y la Guardia Nacional --un nuevo cuerpo creado recientemente para combatir la migración--.
"Sería la primera víctima mortal del plan integral para contener la migración", ha aseverado el activista Rubén Figueroa, de la organización Movimiento Migrante Mesoamericano, en su cuenta de Twitter.
"Se intensifica la cacería de migrantes en la frontera sur, elementos del Ejército Mexicano realizan patrullajes por caminos, brechas y veredas que son utilizados por migrantes en su intento por evadir los retenes migratorios", ha añadido.
El fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler, ha explicado que los supervivientes, que formaban parte de un grupo de 17 salvadoreños que viajaban en una camioneta, han señalado que "tres sujetos, al parecer policías" comenzaron a perseguirles tras pasar por un puesto migratorio.
"Durante la persecución se habrían realizado varios disparos", ha continuado el fiscal durante una rueda de prensa. Los otros 14 salvadoreños que resultaron ilesos escaparon del lugar mientras los agresores golpeaban al conductor de la camioneta.
En algunas regiones del país, los grupos de delincuentes utilizan uniformes similares a los que usan las fuerzas de seguridad para facilitar sus actividades ilícitas.
México se comprometió a reforzar su frontera sur con el envío de unos 6.000 efectivos de la Guardia Nacional como parte de un acuerdo con Estados Unidos para contener la migración ilegal y, con ello, evitar la imposición de aranceles a las importaciones de todos sus productos.
Sin embargo, los esfuerzos del Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, han sido cuestionados por activistas y organizaciones de defensa de Derechos Humanos, que temen que los migrantes se vuelvan más vulnerables tras haber escapado de la violencia y el narcotráfico en sus países.
"Es lamentable. Lo que tenemos es una militarización de la frontera", ha afirmado Alejandro Solalinde, sacerdote católico y activista a favor de los derechos de los migrantes.
El miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, defendió el accionar de la Guardia Nacional.
"México está haciendo un esfuerzo regulatorio, no tiene por qué ser violatorio de los Derechos Humanos. Nuestro gobierno no estaría dispuesto a eso", ha destacado Ebrard en Nueva York tras reunirse con el secretario general de la ONU, António Guterres.
"El hecho de que participe la Guardia Nacional no significa que va a violar los derechos de nadie", ha añadido.