Actualizado 22/12/2006 13:17:21 CET

Venezuela.- El abogado de los etarras extraditados asegura que incluso el vicepresidente venezolano conocía el acuerdo

CARACAS, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El abogado de los dos etarras que fueron extraditados a España desde Venezuela, Marino Alvarado, desmintió anoche al ministro de Exteriores, Nicolás Maduro, asegurando que incluso el vicepresidente, José Vicente Rangel, conocía los términos del acuerdo amistoso por el que se les iba a indemnizar y que contemplaba además el inicio de las gestiones para otorgar la nacionalidad venezolana a otros cuatro miembros de la banda terrorista ETA.

Tras la destitución ayer de la agente del Estado ante el Sistema Interamericano e Internacional de Protección de los Derechos Humanos, María Auxiliadora Monagas, Maduro justificó la decisión al afirmar que la funcionaria suscribió, "sin consultar, indemnizaciones" para los dos etarras que fueron extraditados a España.

Sin embargo, el abogado afirmó que tiene en su poder memorandos que demuestran cómo Monagas consultó en el pasado mes de mayo a Rangel, al antiguo ministro de Exteriores, Alí Rodríguez, y al embajador de Venezuela en España, Arévalo Méndez, el proyecto de acuerdo amistoso que se firmó en junio en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

"Es falso que no lo conocieran", subraya el jurista, mientras recuerda que, después de firmar la indemnización, la agente del Estado también se comunicó con la ex viceministra de Exteriores, Mary Pili Hernández, para informarle sobre los detalles del documento refrendado, según informa el diario local 'El Universal'.

CASI 350.000 EUROS

Concretamente, el acuerdo establecía una indemnización de casi 1.000 millones de bolívares (casi 350.000 euros) para los dos etarras y sus familiares por los supuestos "daños morales y perjuicios" causados por lo que considera una deportación "ilegal y arbitraria".

"Monagas --quien fue nombrada por el propio presidente venezolano, Hugo Chávez-- actuó de forma responsable, pero aquí la cuerda se rompió por lo más delgado y esta situación generará una condena por parte de la Corte Interamericana contra el país", sentenció Alvarado.

El abogado defiende a Sebastián Etxenís y Víctor Galarza, los dos etarras que fueron detenidos en territorio venezolano en 2002 tras lo cual fueron trasladados a España. Actualmente, el primero está encarcelado y Galarza permanece en libertad.

Según el abogado, "esas personas estaban en Venezuela con sus papeles en regla; no obstante, fueron detenidas y deportadas porque supuestamente eran ilegales". Además, denunció que, en su opinión, no se han respetado los mecanismos para la extradición.