CARACAS, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela ha aprobado un acuerdo en el que rechaza el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre la inhabilitación de Leopoldo López, según ha informado la Agencia Venezolana de Noticias.
La CoIDH declaró que "el Estado venezolano debe dejar sin efecto" las resoluciones "mediante las cuales se declaró la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas" de López por un período de hasta seis años contados a partir de 2008, según la sentencia de fecha 1 de septiembre. También ordenó pagar a López una indemnización de 12.000 dólares (8.700 euros) para resarcir los gastos que implicó presentar esta demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que posteriormente remitió el caso a la Corte con sede en Costa Rica.
Los diputados socialistas han señalado durante el debate en la AN que el pronunciamiento de la corte forma parte de una estrategia política para desacreditar al Estado venezolano y que existen errores de forma en el contenido del texto.
El diputado Diosdado Cabello ha asegurado que el pronunciamiento de la CoIDH es un acto de provocación contra el Gobierno. "Porque ellos andan buscando que el Estado se convierta en un estado arbitrario que no cumpla las decisiones de esta Corte (...) Nosotros no tenemos por qué que acatar ninguna decisión de la Corte Interamericana", ha manifestado.
Cabello ha recalcado que "Venezuela se respeta, es libre, soberana y no necesitamos que ellos vengan aquí a darnos instrucciones de nada, y menos ellos que son unos inmorales".
"Además de defender a un ciudadano incurso en delitos de corrupción, la CIDH se da hasta el tupé de ordenar, en la sentencia, a la Asamblea Nacional que tiene que cambiar la Ley de Contraloría, votada por unanimidad, incluso por muchos de los diputados que hoy están entre ustedes (dirigiéndose a diputados de la derecha), que es a partir de la cual López fue inhabilitado. ¿Qué es eso?, ¿Cómo es que esa Corte nos viene a exigir que cambiemos una ley?", se ha preguntado el diputado Héctor Navarro.
Por otra parte, Juan Carlos Alemán ha dicho que en el país no hay nada que sea superior a la Constitución y ha recalcado que ésta da potestad a la Contraloría General de la República para sancionar a los funcionarios por cometer irregularidades contra el patrimonio público, cargos por los que fue acusado y condenado López.
Por ello, Alemán ha puesto en duda los motivos de la bancada de la oposición para obviar en su argumentación a favor de la CoIDH el artículo 7 de la constitución del país, en el que se ratifica la soberanía nacional de Venezuela.
Por último, el también diputado Pedro Carreño ha destacado que López es objeto de una sanción, pero que "la oposición, que no tiene valores, no tiene principios, no tiene ética y no tiene moral, anda con su consigna: 'Con mis corruptos no te metas, y ahora quiere defenderlo". "Así será la calidad de los candidatos a las primarias que hasta la corte mandó a su candidato para acá (Venezuela)", ha agregado Carreño.
EL CASO
López fue inhabilitado en agosto de 2008 por el ahora fallecido contralor general de la República Clodosbaldo Russian, uno de los hombres cercanos a Chávez. La decisión se fundamentó en dos casos de denuncia de malversación de fondos. El primero, ocurrido en 1996 en la estatal petrolera PDVSA y el segundo, en 2004 cuando López era alcalde del municipio de Chacao, en el estado de Miranda (centro).
Esto impidió a López --una de las caras más visibles de la oposición-- ser candidato en los comicios regionales de 2008 en los que aspiraba convertirse en alcalde de Caracas.
La resolución de la Corte se conoce meses antes de que la coalición opositora de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) celebre unas primarias para elegir al candidato que enfrentará a Chávez en las presidenciales del 7 de octubre de 2012. La última palabra la tiene ahora el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que deberá decidir si acata la resolución de la Corte.
Las sentencias de la CoIDH no son vinculantes y los Estados no están obligados a cumplirlas, a pesar de ser un tribunal vinculado a la CIDH, adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA).