La familia alerta de que, si regresa a Caracas, podría ser "asesinado"
MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional ha ordenado suspender la extradición a Venezuela del opositor Ernesto Quintero, acusado de estafar 40 millones de dólares por el Gobierno de Nicolás Maduro, debido a una nueva petición de asilo presentada por la defensa, junto a una batería de medidas, para intentar frenar lo que parecía una entrega inminente al país caribeño hace apenas unos meses.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ha acordado, en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, "suspender la entrega a las autoridades reclamantes y ponerlo en conocimiento de Interpol por encontrarse a su disposición".
Así lo ha decidido tras conocer que Quintero ha presentado una nueva solicitud de protección a la Oficina de Asilo y Refugio, al tiempo que ha reclamado a este organismo que de manera "urgente" informe al tribunal sobre el estado en el que se encuentra dicha petición.
Quintero, que actualmente está en la cárcel de Soto del Real, en Madrid, fue detenido el pasado 10 de febrero después de que tanto el Gobierno como la Audiencia Nacional autorizaran su extradición a petición de las autoridades venezolanas.
El fiscal general de Venezuela, Tareck William Saab, acusa a Quintero de ser miembro de la cúpula directiva de una agencia de cambio de divisas que habría estafado 40 millones de dólares. Sin embargo, el opositor sostiene que él era un mero empleado y que nada tiene que ver con los delitos que se hubieran podido cometer.
MANIOBRA 'IN EXTREMIS'
Tras el arresto de Quintero, su nueva defensa --a cargo del despacho Oliver Abogados-- presentó otra demanda de asilo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional con "documentos novedosos" para que le reconociera la protección internacional, entre ellos un informe de la ONU sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, alegando además que España no reconoce como legítimo al Gobierno de Maduro ni a los órganos emisores de la orden de captura, por lo que no debería entregarlo.
Los abogados de Quintero se dirigieron en un segundo escrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para solicitar la suspensión cautelar de su regreso a Caracas, aduciendo que no se debía proceder a la entrega hasta que se resolviera la nueva demanda de asilo, y reiterando que "el Gobierno de Venezuela no tiene potestad para solicitar la extradición, dado que no ha sido reconocido por la UE por ser dictatorial y por vulnerar reiteradamente los Derechos Humanos".
En tercer lugar, la defensa de Quintero avanzó que también presentaría un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el auto del 6 de octubre en el que la Audiencia Nacional acordó la extradición a Venezuela.
PRINCIPIO DE UNIDAD FAMILIAR
El opositor venezolano ya había presentado una petición de asilo en España que le fue denegada por tener antecedentes penales, precisamente, debido a esta acusación de estafa. En cambio, su mujer y la hija del matrimonio, de 7 años, sí lo consiguieron.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) emitió el 4 de febrero --a petición de la defensa-- un pronunciamiento en el que instó a las autoridades españolas a "valorar el no retorno del señor Quintero a Venezuela", pidiendo tener en cuenta "los principios de unidad familiar".
ACNUR también emplazó a valorar "la situación humanitaria y de seguridad de Venezuela", recordando que "cuando el Gobierno (de Maduro) quiere intimidar o amenazar a alguien, abre una investigación penal y acusa a la persona", que "el país carece de un sistema judicial imparcial, transparente y funcional, y los tribunales están politizados".
La mujer de Quintero, Cismary Marcano, imploró al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que frenara la extradición de su marido, asegurando que es "inocente" y advirtiendo de que, si vuelve a Venezuela, podría ser "asesinado". "Lo que me dicen es que, en el primer vuelo que salga a Caracas, allí van a enviar a mi esposo", alertó Marcano en declaraciones a la prensa durante un acto de protesta realizado el pasado 12 de febrero en los alrededores de la Audiencia Nacional.