Actualizado 14/06/2019 11:01

Venezuela califica de "falso positivo" que el Gobierno colombiano oculte el aumento de asesinatos de líderes sociales

Venezuela.- Venezuela rechaza las sanciones impuestas por EEUU al ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza
REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS - Archivo

   BOGOTÁ, 14 Jun. (Notimérica) -

   El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, calificó este jueves como un "falso positivo" que el Gobierno colombiano busque ocultar el incremento del asesinato de líderes sociales en esa nación.

   "Tratar de ocultar que Colombia ha vuelto a la guerra, que las autoridades incumplen los acuerdos de paz, que los asesinato de líderes sociales, periodistas y ex combatientes han aumentado drásticamente, puede calificarse como un Falso Positivo Comunicacional", escribió Arreaza en su cuenta de Twitter.

   Las declaraciones del responsable de la diplomacia venezolana responden a la información publicada este jueves por la Presidencia colombiana en Twitter en la que indican que los asesinatos a los líderes sociales en el país iberoamericano se han reducido en un 32 por ciento.

   "En el último reporte que hizo la Fiscalía se podía apreciar que, gracias a los esfuerzos que se han adelantado, entre agosto (de 2018) y mayo de este año teníamos una reducción de cerca del 32% de los asesinatos de líderes sociales", afirmó el presidente de Colombia, Iván Duque, en la clausura de la quinta sesión de la "Mesa por la Protección a la Vida" en Ocaña, en el departamento de Norte de Santander (noreste).

   Este informe señala que en solo en el 4% del territorio colombiano ocurren asesinatos y crímenes contra líderes sociales.

   Sin embargo, los datos ofrecidos por Duque contrastan con los anunciados por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) que denunció que los líderes indígenas colombianos encabezan la lista de víctimas de violencia.

   Según Acnudh, en 2018 se reportaron 115 casos de defensores y defensoras de los que el 27 por ciento involucró a defensoras de los derechos humanos pertenecientes a pueblos indígenas; y 12 casos a afrocolombianas.