MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los casos de expropiaciones de tierras a españoles afincados en Venezuela permanecen sin avances desde octubre de 2010, cuando España firmó con el Instituto Nacional de Tierras venezolano un acuerdo para indemnizar con unos 2,3 millones de euros a ocho afectados.
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamericanos, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, ha presentado este jueves en el Senado el estado de las gestiones que España ha emprendido para defender los intereses de españoles a los que se les ha invadido o expropiado sus tierras en Venezuela y que asciende a unos 200 casos.
Tras precisar que en muchos casos estos ciudadanos también poseen la nacionalidad venezolana, lo que dificulta su protección diplomática por parte de España, ha destacado que hasta la fecha "se ha obtenido el acuerdo por parte del Gobierno venezolano de indemnizar en ocho casos por el equivalente de 7,5 millones euros al cambio oficial, con un cambio real en términos de paridad adquisitiva que equivaldría a 2,3 millones de euros".
Sin embargo, este acuerdo se logró en octubre de 2010, cuando Miguel Ángel Moratinos dirigía todavía el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Yáñez-Barnuevo ha añadido que en el Instituto Nacional de Tierras se siguen examinando otros casos de fincas de ciudadanos españoles
"pendientes de diversos trámites de procedimiento".
Tanto la Embajada de España en Caracas como el Consulado, ha agregado, esperan recibir una lista con los expedientes ya definitivamente resueltos, lo que permitiría a los afectados recuperar la explotación la finca o iniciar el desalojo de los ocupantes ilegales.
El secretario de Estado ha puesto en valor que España es el único país europeo que ha logrado establecer un mecanismo de diálogo bilateral con Venezuela para abordar específicamente estos casos. Alemania, Italia y Portugal también cuentan con compatriotas afectados por expropiaciones en Venezuela.