Actualizado 20/10/2018 17:00

Venezuela cuestiona las acusaciones contra la empresa mexicana que provee alimentos para un programa social

 El Presidente De Venezuela, Nicolás Maduro.
REUTERS / HANDOUT .

   CARACAS, 20 Oct. (Reuters/Notimérica) -

   Venezuela ha cuestionado las acusaciones contra un grupo de empresarios mexicanos que provee alimentos a un programa creado por el presidente Nicolás Maduro ante la escasez, al considerarlas un "atropello" y un "intento de obstaculizar" los esfuerzos con lo que el Gobierno dice busca superar la crisis.

   El programa CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción), mediante el cual se venden alimentos subsidiados a los venezolanos, ha estado bajo investigación por denuncias de corrupción y especulación.

   En México, el Gobierno ordeno este jueves a un grupo de empresas y personas acusadas de especular con la venta de alimentos al Gobierno de Venezuela a pagar tres millones de dólares al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

   "Consideramos este atropello contra empresarios mexicanos uno más de los múltiples intentos de obstaculizar los denodados esfuerzos del Gobierno Bolivariano para derrotar la guerra económica contra nuestro pueblo", según un comunicado que el canciller venezolano, Jorge Arreaza, subió durante la noche del viernes a su cuenta en la red social Twitter.

   "Venezuela repudia toda acción que directa o indirectamente persiga justificar el aumento de las medidas unilaterales y coercitivas contra nuestra economía, y en provocar un caos en nuestro país sobre la base de negarle a la población venezolana el acceso a alimentos, medicinas y bienes básicos", agregó.

   Maduro lanzó en el 2016 el programa CLAP, pero analistas y opositores aseguran ha sido utilizado como un mecanismo de control social, pues la población beneficiaria tiene que registrarse y cumplir con cierto requisitos.

Una gran parte de los alimentos y productos que son embalados en cajas, con los logos del CLAP, provienen de México.

   A raíz de la medida adoptada por las autoridades mexicanas, las empresas se comprometieron a no realizar nuevas transacciones comerciales directa o indirectamente con el Gobierno venezolano.