MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno considera que la inclusión de dos opositores en el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela supone un "primer paso" al que deberían seguir otras medidas que lleven en última instancia al país a la celebración de elecciones libres y justas.
Así lo ha manifestado el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en un comunicado, después de que la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo y surgida de las elecciones del pasado diciembre cuyo resultado España no reconoce, aprobara la víspera la designación de cinco nuevos miembros del CNE.
"España subraya el hecho de que el nuevo Consejo Nacional Electoral
cuente entre sus miembros con personalidades de la oposición democrática apoyadas por organizaciones de la sociedad civil", ha señalado, en referencia a Enrique Márquez --postulado por la sociedad civil-- y Roberto Picón --representante del sector universitario--.
"Es un primer paso, al que aún deberían seguir otras medidas necesarias para garantizar la celebración de elecciones justas, creíbles y transparentes", ha valorado el departamento que dirige Arancha González Laya.
En este sentido, el Gobierno ha reiterado su "disposición a seguir apoyando los esfuerzos de los actores venezolanos para lograr la reinstitucionalización democrática del país mediante una negociación dirigida por los venezolanos, con una agenda amplia y acompañamiento internacional, que desemboque en elecciones con garantías democráticas".
El Gobierno valora así de forma positiva el paso dado por la Asamblea Nacional liderada por el chavismo y que ha sido duramente criticado por Juan Guaidó, titular del Parlamento elegido en 2015 y al que la UE reconoce como el último elegido de forma democrática.
El líder opositor ha vaticinado que las consecuencias de esta renovación del CNE "serán las mismas que en (las elecciones de) 2018 y 2020: arrastrar a Venezuela a un desastre mayor". En este sentido, ha abogado por un acuerdo amplio "con el debido acompañamiento internacional" para poder convocar nuevos comicios y, en última instancia, "atender la emergencia humanitaria y tener justicia".
También la Organización de Estados Americanos (OEA) se ha mostrado crítica, sosteniendo que el nombramiento lo ha llevado a cabo "una Asamblea Nacional ilegítima". "Estas acciones de la dictadura son contrarias al Estado de Derecho democrático y la independencia de los poderes políticos del Estado", ha denunciado en un comunicado.