CARACAS, 21 Dic. (EP/AP) -
El Gobierno venezolano destituyó hoy a su representante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por firmar indemnizaciones para cuatro ex miembros del grupo terrorista vasco ETA, y colaborar para agilizar los trámites de nacionalización de otros dos ex etarras, sin consultar a las instancias de su país.
El ministro de Asuntos Exteriores Venezolano, Nicolás Maduro dijo hoy que el acuerdo que indemnizaba a los ex etarras era desconocido en "todas sus partes" por el Gobierno venezolano debido a que "no fue consultado en su oportunidad cuando se firmó en el mes de junio" al ministro titular de Exteriores.
Maduro dijo hoy que la decisión fue notificada al Gobierno de España y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Dijo que el representante de Venezuela ante la Corte Interamericana, a quien no identificó, "fue removido de su cargo" por ese caso, y otros hechos en los que "se determinó que nunca consultó a su instancia jerárquica superior, que es el ministro".
El jefe de la diplomacia venezolana señaló que el abogado y miembro de la organización de Derechos Humanos PROVEA, Marino Alvarado, presentó una acusación contra el Estado venezolano por "haber violado supuestamente los derechos humanos por haber extraditado" a los ex etarras a España.
Maduro atribuyó a "algún sector de la derecha falangista española" la difusión que hizo la prensa española a principios de diciembre sobre las supuestas indemnizaciones y el otorgamiento de nacionalidades a los ex etarras.
"Con España tenemos unas relaciones directas de comunicación", agregó.
De acuerdo a las cifras de las autoridades a Venezuela llegaron unos 30 vascos en calidad de refugiados bajos los Gobiernos de los presidentes socialdemócratas Jaime Lusinchi (1984-1989) y Carlos Andrés Pérez (1974 -1979 y 1989 -1993).
Los ex miembros del ETA llegaron al país como parte de un acuerdo que realizaron los Gobiernos de Venezuela, España y Francia.