Actualizado 30/05/2012 21:11 CET

Venezuela.- Un exjuez opositor a Chávez colabora con EEUU en una investigación sobre narcotráfico en Venezuela

CARACAS/MIAMI, 30 May. (Reuters/EP) -

Eladio Aponte, un antiguo juez de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela que huyó del país el mes pasado, está cooperando con una unidad de élite de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), que investiga, entre otras cosas, la supuesta implicación de funcionarios del Gobierno de Hugo Chávez en delitos de narcotráfico, han revelado fuentes cercanas al caso.

El testimonio de Aponte podría allanar el camino para imputar cargos contra aliados de Chávez. Washington ha criticado durante años la supuesta falta de interés de Caracas en la lucha contra el tráfico de drogas, al tiempo que ha denunciado que funcionarios de ese país estarían vinculados con delitos de narcotráfico.

Aponte es uno de seis testigos especiales que cooperan con la DEA en una investigación sobre los presuntos vínculos del Gobierno venezolano con el tráfico de drogas, ha asegurado un exfuncionario estadounidense conocedor del tema. El caso está siendo tratado por el Grupo 959, una unidad de la DEA, señalaron los informantes.

El Grupo 959 se creó para perseguir a los traficantes en otros países que conspiraban para importar cocaína a Estados Unidos. David Tinsley, un funcionario retirado de la DEA que ahora dirige su propia agencia privada de Inteligencia, ha comentado que la participación de personas como Aponte sólo se da si pueden ofrecer evidencias importantes.

"En las manos del 959, él (Aponte)será una herramienta muy efectiva", dijo Tinsley. "Ellos (el grupo) saben a quién persiguen y por qué", ha indicado.

TRÁFICO DE DROGAS

Si Estados Unidos presenta cargos contra altos funcionarios venezolanos, se haría eco de la acusación efectuada en 1988 contra el entonces dictador panameño Manuel Noriega y algunos de sus aliados acusados de tráfico de drogas y blanqueo de dinero.

El Gobierno de Chávez ha negado rotundamente las acusaciones en su contra de parte de funcionarios de Estados Unidos y ahora de Aponte. Es poco probable que el escándalo afecte la campaña de Chávez, quien aspira a un nuevo mandato de seis años en los comicios de octubre.

Aponte dijo en abril en una entrevista a la candena SOiTV, con sede en Miami, que los aliados de Chávez manipulan con cierta regularidad el sistema judicial venezolano, a la vez que acusó a altos funcionarios de participar en el tráfico de drogas.

El exjuez venezolano comentó, además, que recibió la orden de liberar a un oficial del Ejército que sería parte del círculo íntimo de Chávez y que había sido detenido por su presunta participación en el contrabando de dos toneladas de cocaína.

Las acusaciones de Aponte fueron rápidamente respaldadas por Luis Velásquez, otro exjuez, quien abandonó Venezuela en el año 2006 en medio de una disputa con los aliados de Chávez. Velásquez afirmó en su momento que el sistema judicial venezolano y los círculos militares han sido penetrados por el narcotráfico.

Aponte fue destituido de su cargo por la Asamblea Nacional de Venezuela (Parlamento unicameral), por haber supuestamente ayudado a Walid Makled, un empresario que está considerado como uno de los mayores narcotraficantes de la región.

El juez viajó posteriormente a Costa Rica donde se puso en contacto con agentes de la DEA antes de llegar a Estados Unidos a mediados de abril en un avión pagado por Washington.

JUICIO AL 'CAPO'

Makled está siendo procesado por tráfico de drogas, blanqueo de dinero y asesinato. El empresario ha dicho que pagó millones de dólares a funcionarios del Gobierno de Chávez y militares que lo ayudaron a obtener lucrativas concesiones, entre ellas una que le dio el derecho a manejar el principal puerto de Venezuela.

"Si yo soy narcotraficante, toda esa gente que trabaja conmigo son narcotraficantes", afirmó Makled en una entrevista ofrecida en el año 2010 desde su celda en una cárcel de Colombia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a Venezuela.

A pesar de negar su participación en el tráfico de drogas, Makled dice tener numerosas pruebas de los vínculos del Gobierno con el tráfico de cocaína. El mes pasado, aseguró a la prensa que había dado dinero Aponte, quien además era su socio en una aerolínea.

Simpatizantes del Gobierno repitieron con regocijo las afirmaciones, en aparentes intentos de cuestionar la credibilidad de Aponte. Sin embargo, los críticos indicaron que éstas afirmaciones subrayan los estrechos lazos del comercio de drogas con el poder judicial. Aponte no ha hecho aún comentarios al respecto.

La cocaína que ingresa a Venezuela proviene de Colombia, el mayor productor mundial de esta droga, y después es enviada a Europa, Estados Unidos y África.

Estados Unidos ya ha acusado a varios funcionarios venezolanos, entre ellos al ministro de Defensa, Henry Rangel, de ayudar a la guerrilla colombiana en el contrabando de cocaína, congelándoles sus activos en territorio estadounidense y prohibiendo a ciudadanos de ese país hacer negocios con ellos.

"Se ha informado de manera creíble de que miembros de las fuerzas de seguridad y del Gobierno (venezolano) han participado o facilitado actividades de narcotráfico", denunció la Casa Blanca el año pasado en una evaluación anual sobre cooperación mundial en la guerra contra las drogas.

El Gobierno de Chávez ha rechazado las declaraciones de Aponte y ha dicho que el juez "vendió su alma" a la DEA. "Han diseñado toda una compaña en la que intentan asociar nuestras Fuerzas Armadas, a nuestro ministro de Defensa, al narcotráfico, intentan vincularlo al delito", advirtió Blanca Eekhout, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional.

Chávez, quien suspendió la cooperación con la DEA en 2005 tras acusar al organismo de haber violado la soberanía de su país, ha rechazado las acusaciones de Washington y ha recordado que Venezuela ha extraditado importantes capos de la droga.

GUERRA DE CÁRTELES

El Departamento de Estado estadounidense estimó en un informe divulgado este año que entre 161 y 212 toneladas de cocaína "probablemente salieron de Venezuela" rumbo a varios países en el año 2011.

Velásquez, el juez que hizo eco de las acusaciones de Aponte, señaló que había estallado una guerra entre los cárteles venezolanos, entre ellos uno formado por altos oficiales militares conocidos como el "Cartel de los Soles". El nombre proviene de la insignias que adornan las hombreras de los generales venezolanos.

"Chávez debería saber que entre sus generales favoritos hay narcotraficantes", subrayó en una entrevista televisiva Velásquez, quien vive actualmente en Costa Rica. "Hay comprobantes de que han recibido dinero, de que sus familiares tienen depósitos en el exterior, de que se han hecho llegar los depósitos y nadie hace nada", agregó.

Velásquez alertó de que la guerra entre los cárteles provocó los asesinatos de los generales Jesús Aguilarte y Wilmer Moreno, estrechos colaboradores del Ejecutivo, quienes fueron asesinados a tiros los pasados marzo y abril, respectivamente.