CARACAS, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, se ha desmarcado de la línea oficial impuesta por el Gobierno de Nicolás Maduro y ha denunciado que las recientes sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que dejan al Parlamento sin poder y a los diputados sin inmunidad, suponen una "ruptura del orden constitucional".
Ortega Díaz ha aprovechado la comparecencia programada para este viernes para presentar el balance del Ministerio Público para señalar que
"en las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ se evidencian varias violaciones del orden constitucional".
"Es mi obligación manifestar ante el país mi gran preocupación por tal evento", ha dicho, tras lo cual ha recibido una gran ovación de los presentes que la ha animado a continuar con su alegato, exhibiendo un pequeño ejemplar de la Constitución.
"Llamamos a la reflexión para que se tomen caminos democráticos que, respetando la Carta Magna, propicien un ambiente de respeto y rescate de la pluralidad. Que se debata de forma democrática, respetando las diferencias", ha pedido.
Ortega Díaz ha defendido la necesidad de buscar "caminos institucionales que garanticen la paz y para que se superen los obstáculos que impiden actualmente brindar la calidad de vida que reclama nuestra población".
Estas declaraciones de la fiscal general suponen un cambio radical en el discurso que Ortega Díaz ha mantenido durante los últimos años en apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro y al de su antecesor en el cargo, el fallecido Hugo Chávez.
El TSJ ha ratificado esta semana el "desacato" de la Asamblea Nacional y, en consecuencia, ha advertido a los diputados de que carecen de inmunidad y ha asumido las competencias que constitucionalmente corresponden a la sede legislativa.
La mayoría de los países de la región y la Organización de Estados Americanos (OEA) han expresado su preocupación por lo que consideran una vulneración de los principios democráticos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha pedido una reunión "urgente" del Consejo Permanente para valorar la suspensión de Venezuela como país miembro.
El Gobierno de Maduro se ha limitado a emitir un comunicado en el que denuncia una "arremetida" de "la derecha intolerante y pro imperialista dirigida" por Estados Unidos para "atentar contra el Estado de Derecho" a través de "falsedades e ignominias".