CARACAS, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Venezuela ha acusado este martes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de ser "cómplice" de "la política de protección a terroristas" de Estados Unidos, por su "aberrante" decisión sobre el caso de Raúl Díaz Peña, acusado de atentar contra el Consulado de Colombia y la Oficina de Comercio de España en Caracas el 25 de febrero de 2003.
El pasado 26 de junio, la CIDH declaró que el Estado venezolano es internacionalmente responsable por la violación del derecho a la integridad personal de Díaz Peña y por los "tratos inhumanos y degradantes" que recibió durante su estancia en prisión.
La CIDH determinó que, "mientras permaneció bajo custodia estatal, Díaz Peña fue sometido a condiciones de detención que tuvieron un grave impacto sobre su salud, y, a pesar de ello, no recibió oportunamente la atención médica correspondiente".
Además, denunció que la detención de Díaz Peña fue "ilegal y arbitraria", que estuvo sometido a un régimen de detención preventiva que sobrepasa los límites de la legislación penal, "invocando un supuesto riesgo de fuga", y que no se realizó una revisión judicial "efectiva" de su situación.
No obstante, la CIDH admitió la excepción preliminar presentada por Venezuela al considerar que, tal y como argumenta el país caribeño, el caso de Díaz Peña se trasladó al tribunal regional sin haber agotado los recursos internos, tal y como exige la Convención Americana.
En un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores, el Gobierno de Hugo Chávez ha rechazado el fallo de la CIDH porque, según apunta, el tribunal regional "nunca debió admitir el caso en atención a los principios de complementariedad y subsidiariedad, que establecen que solo debe actuar cuando se han agotado los recursos internos".
"Con esta decisión, la CIDH deja al descubierto su complicidad con la política de Washington de protección a los terroristas que atentan contra los pueblos de Nuestra América y continúa erosionando su credibilidad", ha considerado.
Además, ha recordado que, a pesar de que Díaz Peña fue sentenciado el 29 de abril de 2008 a nueve años y cuatro meses de prisión por los delitos de intimación pública, daños a la propiedad pública y lesiones leves, no llegó a cumplir la condena porque gracias a la libertad condicional consiguió fugarse y refugiarse en Estados Unidos.
En este contexto, ha instado a la CIDH a "aplicar los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad en el examen de las cuestiones de Derechos Humanos", así como a "cesar su pretensión de colocarse por encima de la legislación interna de los estados".
Asimismo, el Gobierno venezolano ha reiterado "su compromiso ineludible con el respeto absoluto de los Derechos Humanos en su territorio, conforme al mandato Constitucional y a la voluntad popular, independientemente de las manipulaciones y de las mentiras de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos".