CARACAS, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
El controlador General de Venezuela, Clodosbaldo Russian, reveló este martes que mantienen abiertos procedimientos con miras a inhabilitar a más candidatos para que no puedan presentarse a los comicios parlamentarios del próximo 26 de septiembre.
Hasta la fecha, han sido suspendidos ocho aspirantes de cara a las legislativas, de los cuales seis son de la oposición y dos son del partido del presidente Hugo Chávez. "En este momento hay procedimientos para inhabilitar a unos candidatos", anunció Russian en declaraciones a la cadena Venevisión.
La Contraloría General --encarga de vigilar las finanzas del Estado-- ha informado al Consejo Nacional Electoral (CNE) de las irregularidades cometidas por algunos de los aspirantes a un escaño en el Congreso a fin de que impida su inscripción.
El anuncio lo hizo Russian horas después de que el CNE oficializara este martes el inicio del plazo para presentar las postulaciones para los comicios legislativos, en los que unos 17 millones de venezolanos elegirán a los 165 diputados de la Asamblea Nacional, actualmente dominada por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Entre los opositores inhabilitados figura el ex gobernador del Estado de Zulia y ex candidato presidencial Manuel Rosales, uno de los más férreos opositores de Chávez, que actualmente vive asilado en Perú tras haber salido de Venezuela alegando ser víctima de una "persecución política" por parte del Gobierno socialista.
La Contraloría ha argumentado que la inhabilitación de Rosales, así como las de otros candidatos, se debe a que incumplieron con sus responsabilidades administrativas en el ejercicio de sus funciones, por lo que no podrán volver a aspirar a un cargo de elección popular.
La oposición, representada en la llamada Mesa de la Unidad Democrática, teme que se repita el mismo proceso que precedió los comicios regionales de 2008 cuando fueron inhabilitados cientos de opositores.
En este contexto, Russian anunció que están trabajando en una nueva propuesta con el objetivo de diseñar un marco jurídico para la destitución de los funcionarios públicos en el que su inhabilitación se aplique después de que termine el periodo para el que resultó electo.