Califica la apertura de la investigación como un "mensaje contundente" para los que cometieron abusos y los encubrieron
Pide "redoblar el apoyo político y económico" al TPI "para poder responder a las expectativas de que se haga justicia en Venezuela"
MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
La ONG Human Rights Watch ha subrayado este miércoles que la decisión del fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, de abrir una investigación a Venezuela por presuntas violaciones de los Derechos Humanos "da una esperanza de justicia a las cientos de víctimas de la represión brutal del régimen" del presidente, Nicolás Maduro.
Así lo ha aseverado el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, quien ha apuntado también que se trata de la primera investigación del TPI en el continente y "ocurre en respuesta a la brutal arremetida represiva" del Ejecutivo venezolano contra le pueblo.
"El fiscal del TPI tiene el mandato de investigar a los máximos responsables de los delitos internacionales más graves. Su decisión de hoy sobre Venezuela es un mensaje contundente no solo para quienes cometieron abusos o los encubrieron, sino también para los líderes militares y civiles que sabían o deberían haber sabido lo que ocurría y no intervinieron", ha añadido también Vivanco, según un comunicado de la organización.
En informes que Human Rights Watch publicó en 2014 y 2017, y que compartió con la Fiscalía del TPI, la organización identificó "abusos generalizados durante la arremetida contra opositores en Venezuela". "Agentes de las fuerzas de seguridad golpearon y torturaron gravemente a detenidos (...), emplearon la fuerza de manera desproporcionada, cometieron abusos violentos contra manifestantes y transeúntes en las calles, y detuvieron arbitrariamente y procesaron a opositores del Gobierno", ha indicado la ONG.
"El tipo de abusos y el momento en que se produjeron, así como el uso frecuente de epítetos políticos por quienes los cometieron, sugieren que el propósito no fue hacer cumplir la ley ni dispersar las protestas, sino más bien castigar a personas por sus supuestas opiniones políticas", ha criticado.
Human Rights Watch ha defendido que sus investigaciones "demuestran que los abusos no fueron casos aislados, ni el resultado de excesos cometidos por agentes insubordinados" ya que, por el contrario, "los reiterados abusos generalizados por parte de distintas fuerzas de seguridad, durante un período de tiempo determinado y en múltiples lugares, permiten concluir que los abusos han sido sistemáticos".
En este sentido, ha señalado que documentó "casos de desapariciones forzada" que se extendieron "durante varios días o semanas", así como otros "abusos aberrantes desde 2014".
La organización ha afirmado que entre 2016 y 2019, policías y agentes de las fuerzas de seguridad "provocaron la muerte de casi 18.000 personas en Venezuela en casos de supuesta resistencia a la autoridad", si bien ha reconocido que aún no existe información detallada respecto a cuántas de estas muertes fueron ejecuciones extrajudiciales.
Sin embargo, ha incidido HRW, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha concluido que "muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales".
Por otro lado, la organización se ha referido a un informe que publicó en abril de 2021, en el que documentó "nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, procesamiento de civiles en tribunales militares y casos de tortura en el estado de Apure", los cuales, ha asegurado, "siguen un patrón similar al de los abusos sistemáticos que han originado investigaciones internacionales sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela".
Además, ha recogido datos y testimonio sobre que el poder judicial de Venezuela "no ha investigado adecuadamente los abusos generalizados" a pesar de que existen "evidencias contundentes", y ha comprobado que "la mayoría de las violaciones de derechos humanos quedan impunes.
"Desde que el difunto presidente Hugo Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a cabo un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia venezolano en 2004, el poder judicial ha dejado de actuar como una rama independiente del Gobierno", ha advertido.
Igualmente, ha lamentado que "las autoridades judiciales fueron cómplices de los abusos", según un informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela publicado en septiembre, que sostuvo que estas "han emitido órdenes de arresto con posterioridad a detenciones ilegales, han habitualmente ordenado la detención preventiva de los acusados, han respaldado detenciones sin evidencia, y no han protegido a víctimas de tortura".
En febrero de 2020, el Gobierno de Maduro remitió información a la Fiscalía de la TPI sobre delitos supuestamente causados por las sanciones unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos a Venezuela. Esto llevó a la Fiscalía a iniciar un segundo examen preliminar por separado, que sigue en trámite, ha recordado.
RECURSOS PARA EL TPI
"Existe una brecha cada vez mayor entre el volumen de trabajo de la Fiscalía del TPI y los recursos que tiene disponibles. La de Venezuela es la decimoquinta situación que está siendo investigada por la corte y la primera en las Américas", ha apuntado la ONG, para alertar al respecto de que el presupuesto del tribunal, financiado por sus Estados miembros, ha tenido un crecimiento "prácticamente nulo" desde 2017.
En este contexto, ha llamado al fiscal a "priorizar esfuerzos para que los Estados miembros del TPI se comprometan a aumentar los recursos para que el tribual pueda cumplir con su mandato".
"Si no existen investigaciones rigurosas e independientes en Venezuela sobre la responsabilidad de quienes están implicados al más alto nivel en atrocidades, lo cual requiere una reforma profunda del sistema de justicia disfuncional y politizado en el país, el TPI jugará un papel esencial como tribunal de última instancia", ha insistido el director de la ONG para las Américas.
"Para poder responder a las expectativas de que se haga justicia en Venezuela y en otras situaciones a nivel global, los Estados miembros del TPI deben redoblar su apoyo político y económico a este tribunal", ha zanjado.