Publicado 04/06/2024 04:47

Venezuela.-Maduro reclama a España que entregue a los responsables de la muerte de un joven quemado vivo en una protesta

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro - PRESIDENCIA DE VENEZUELA

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha reclamado este lunes a España que entregue a la Justicia venezolana a los responsables de la muerte de un joven quemado vivo en una protesta antigubernamental en 2017, quien se convirtió, en su opinión, en un "símbolo de un crimen de odio" y "de fascismo".

Maduro ha hecho un llamamiento al rey Felipe VI y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde su programa de televisión Maduro +, mientras que ha recordado que el fiscal general, Tarek William Saab, ha hecho la solicitud "múltiples veces".

"Los asesinos materiales que torturaron y quemaron en público -de acuerdo a los vídeos- a Orlando Figuera están en España. Pido al jefe de Estado, al de Gobierno y a las autoridades judiciales de España que entreguen a la Justicia a los fascistas que quemaron vivo y asesinaron a Orlando", ha declarado.

El mandatario venezolano ha afirmado que "la extrema derecha" tiene como "principal apuesta" un "odio" que "quieren traer a Venezuela" para "enfrentarse y matarse unos a otros". "Hay que cuidar la paz y frente al odio cultivar el amor, la convivencia y solidaridad", ha sostenido antes de afirmar que crímenes como el de Figuera "no pueden repetirse" nunca más: "No puede volver esa gente, no pueden volver con su fascismo ni con su odio", ha zanjado.

Figuera, de 22 años de edad, "fue golpeado, herido con arma blanca y quemado durante una manifestación celebrada en Altamira, municipio de Chacao, estado de Miranda" y murió de madrugada en el Hospital Domingo Luciani a causa de las lesiones sufridas, según señaló la Fiscalía venezolana.

El caso de Figuera tensó las relaciones con España debido a que frenó la extradición del opositor Enzo Franchini, acusado de participar en el homicidio durante las manifestaciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro. La Audiencia Nacional denegó la medida al entender que existe "un temor racional y fundado de que los derechos del reclamado puedan ser vulnerados por parte de los órganos del Estado requirente", en un auto en el que puso en tela de juicio la legitimidad del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.

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