CARACAS, 24 May. (EP/AP) -
Venezuela acusó el martes a Estados Unidos de ser un "santuario de terroristas", después de que las autoridades norteamericanas negaran formalmente la extradición de dos militares rebeldes, acusados de dos explosiones en Caracas, la capital venezolana.
"El Gobierno de Estados Unidos está demostrando que no es 'retórica' la acusación de Venezuela, sino una gran realidad que el territorio norteamericano se ha convertido en santuario de terroristas", dijo el Ministerio en un comunicado.
El Ministerio señaló que el Departamento de Estado norteamericano envió el martes una nota diplomática a la embajada de Venezuela en Washington en donde informa que "la extradición solicitada (de los dos ex militares venezolanos) no contiene suficientes evidencia fidedigna sobre la participación de estas personas en los crímenes que su extradición busca".
Tal afirmación "es desmentida por la abundancia de pruebas que contiene el sumario respectivo, tanto en relación a los daños materiales que se produjeron como a las heridas inferidas a cuatro personas, incluyendo a una niña, como a la autoría de los mismos", agregó.
Los ex tenientes del ejército José Antonio Colina y Germán Varela, recientemente liberados, estuvieron detenidos por las autoridades de inmigración estadounidenses desde el 2003, tras pedir asilo a su llegada a Miami alegando ser perseguidos por el Gobierno del presidente Hugo Chávez.
Colina y Varela han negado su participación en los ataques con explosivos a la embajada española y en el consulado de Colombia, donde fueron heridas cuatro personas.
Ambos acusaron a Chávez de perseguirlos por pertenecer a un grupo de oficiales que ocuparon una plaza de Caracas en el 2002 e instaron a una rebelión contra su gobierno.
El pasado abril, un tribunal estadounidense otorgó la libertad a los dos ex militares rebeldes. Entonces la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos aprobó una moción conjunta presentada el viernes por los defensores y la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) a fin de que se descartasen los casos contra ambos.
La decisión fue tomada después de un informe que el Departamento de Estado difundió en febrero, que señalaba el uso de la tortura con los disidentes políticos en Venezuela. Ese alegato fue rechazado por el Gobierno venezolano.