MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela ha denunciado que, pese a que más de 2.000 personas han sido excarceladas tras ser detenidas durante las protestas postelectorales de 2024, alrededor de 200 opositores y defensores de Derechos Humanos han sido arrestados en Venezuela en lo que va de año.
"El crimen de persecución fundado en motivos políticos continúa cometiéndose en Venezuela, sin que ninguna autoridad nacional demuestre voluntad de prevenir, perseguir o castigar las graves violaciones de Derechos Humanos que configuran este crimen internacional", ha dicho la presidenta de la misión, Marta Valiñas.
Entre los tratos crueles denunciados se encuentran la asfixia con bolsas de plástico, las palizas o las patadas contra los detenidos, independientemente de su edad o género. Asimismo, también se cometió tortura sexual, como amenazas de violación o aplicación de descargas eléctricas en los genitales, actos que no han sido investigados por las autoridades venezolanas.
La misión también ha afirmado en su último informe, presentado este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos, que "un número sin precedente de personas extranjeras han sido detenidas y mantenidas en estricto régimen de incomunicación prolongada".
Otro de los integrantes de la misión, Francisco Cox, ha detallado que buena parte de las detenciones en 2025 se llevaron a cabo "sin base legal ni orden judicial" y en numerosas ocasiones "por individuos enmascarados" que no se identificaron de forma oficial.
"Se continúan fabricando expedientes penales y violando gravemente los principios de un juicio justo con total impunidad y connivencia judicial", ha asegurado Cox, agregando que "la única esperanza de encontrar justicia para las víctimas en Venezuela" recae en las instancias internacionales.
IMPUNIDAD POR LAS MUERTES EN LAS PROTESTAS
Según el último informe de la misión, en 12 de las 25 muertes ocurridas entre el 29 y el 30 de julio de 2024 estuvieron involucradas las fuerzas de seguridad venezolanas. Pese a que las autoridades afirman haber abierto investigaciones al respecto --tras culpar en un primer momento a la oposición-- "hasta el momento todas las muertes permanecen en la impunidad".
Asimismo, ha denunciado que miembros de la Guardia Nacional dispararon con sus armas contra manifestantes durante las protestas que estallaron en la ciudad de Maracay, capital del Estado Aragua, lo que se saldó con la muerte de seis personas.
De igual forma, ha concluido que en al menos dos de las cinco muertes bajo custodia investigadas existen "motivos razonables para creer que el Estado no actuó con la debida diligencia respecto de los detenidos", que fueron "sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes" tras su arresto en el marco de las protestas.
"El Estado tiene una obligación redoblada de garantizar la vida, la integridad personal y la seguridad de toda persona bajo su custodia. Las muertes de personas detenidas tras las presidenciales por el deterioro de su salud en prisión constituyen privaciones arbitrarias de la vida", ha asegurado la experta Patricia Tappatá.
Por otro lado, la misión ha denunciado que al menos cuatro de los 220 menores que fueron detenidos en el país en el marco de la represión desatada tras las elecciones de julio de 2024 permanecen todavía entre rejas en los estados de la Guaira y Lara.
La misión ha asegurado que durante su estancia en prisión, los menores, con edades entre 13 y 17 años, sufrieron incomunicación, tratos crueles, inhumanos o degradantes, actos de violencia sexual, así como violaciones al debido proceso.