MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -
Los principales líderes de la oposición en Venezuela han condenado la "arbitraria" decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de retirar la invitación a una misión de observadores de la UE para las próximas elecciones presidenciales y ha pedido a la comunidad internacional que se mantenga "firme" para defender el derecho ciudadano "a lograr el cambio político".
El presidente del CNE, Elvis Amoroso, justificó la retirada de la invitación por el mantenimiento de las sanciones impuestas por la UE, pero para la oposición supone "una decisión más que abulta el expediente de incumplimientos de Nicolás Maduro al Acuerdo de Barbados".
Así lo han considerado el principal aspirante opositor a las elecciones, Edmundo González, y quien debía haber sido la candidata, María Corina Machado, inhabilitada para ocupar cargos públicos, en un comunicado conjunto en el que no contemplan otra opción que la "contundente victoria" de "la unidad" dentro de dos meses.
"El régimen recurre a esto para evitar someterse a la observación internacional calificada, pero no podrá evitar someterse a la observación electoral popular que ejerceremos con determinación los millones de venezolanos que votaremos el próximo 28 de julio", han sentenciado.
Han reclamado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, que dé marcha atrás a una medida que, en su opinión, es "una evidencia adicional del temor que le tiene a una observación electoral calificada y con credibilidad que deje constancia" de los intentos para "impedir, con manipulación, el libre ejercicio del voto en la próxima elección presidencial".
El CNE reclamó la retirada "total" de las sanciones europeas, a las que dedicó una batería de calificativos que incluyen términos como "coercitivas, unilaterales y genocidas". Sin embargo, un portavoz de la UE ha matizado a Europa Press el alcance de los castigos, insistiendo en que "no afectan al pueblo venezolano", "ni a la economía venezolana, incluidos los servicios y bienes públicos",
Las medidas, ha explicado, se dirigen "exclusivamente" a "una lista limitada de personas, responsables de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela". Asimismo, la UE imponen un embargo al suministro de armas y a equipos que pueden utilizarse para la represión interna.