CARACAS, 8 Jul. (Reuters/EP) -
La oficina del líder opositor y autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, ha confirmado este domingo que una delegación opositora asistirá a la nueva ronda de conversaciones con representantes del Gobierno del presidente, Nicolás Maduro, en Barbados.
"Nos dirigimos al país y a la comunidad internacional, a fin de anunciar que en atención a la mediación del Gobierno del Reino de Noruega para poner fin a la tragedia que padecemos los venezolanos, se asistirá a una reunión con representantes del régimen usurpador en Barbados, para establecer una negociación de salida a la dictadura", ha indicado el equipo de Guaidó en un comunicado.
No obstante, los opositores no han precisado la fecha del encuentro, un acercamiento que ya se había conocido a finales de junio y que forma parte de una iniciativa impulsada por Noruega.
"No tenemos un tiempo ilimitado, cada día que pasa la situación empeora. La profunda crisis que vivimos, y que plasmó en su último informe la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, resalta el sentido de urgencia que tenemos. La solución debe ser ahora", señala el texto.
SEIS AÑOS DE DIÁLOGO FALLIDO
El Gobierno y la oposición venezolana han protagonizado numerosos diálogos en los seis años que han transcurrido desde la muerte de Hugo Chávez, durante los cuales las crisis política no ha hecho más que agravarse a medida que se gestaba y estallaba una crisis humanitaria sin precedentes en la nación caribeña.
La primera mesa de conversaciones surgió en 2014, después de las multitudinarias protestas que sacudieron las calles de Caracas ese año dejando un saldo de 43 muertos, así como la detención y condena al líder opositor Leopoldo López por incitar a la violencia.
Maduro propuso entonces a la oposición iniciar un diálogo con la mediación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y del Vaticano para acabar con la violencia y propiciar la reconciliación de la sociedad venezolana, empezando por sus líderes políticos.
El presidente admitió entonces "errores" en su Gobierno pero se negó a emprender las reformas democráticas exigidas por la Mesa de Unidad Democrática (MUD) para abordar en igualdad de condiciones los procesos electorales de los años siguientes --las legislativas de 2015 y las presidenciales de 2019, como platos fuertes--.
Así las cosas, la Conferencia por la Paz se quedó en la fotografía inaugural y las conversaciones se suspendieron un año después de arrancar. El proceso supuso un golpe para la MUD a causa de las diferencias entre sus líderes en torno a su participación en el proceso.
EL "EXPERIMENTO" DE 2017
La MUD recobró fuerza en las parlamentarias de 2015 y obtuvo una 'súper mayoría' en la Asamblea Nacional, si bien el organismo fue finalmente declarado en "desacato", lo que llevó a la oposición a presionar a favor de un referéndum revocatorio.
El Consejo Electoral frenó el referéndum revocatorio y la MUD avivó nuevamente las calles convocando una marcha opositora hacia el Palacio de Miraflores. La presión internacional logró sustituir la contestación popular por un segundo diálogo.
Esta vez, dada la anterior experiencia, las partes acordaron una agenda, un método y un cronograma. Sin embargo, tras varios encuentros que solo alumbraron declaraciones de buenas intenciones y entre acusaciones mutuas de boicot, la MUD dio por terminado el diálogo en enero de 2017. Este "experimento", dijo, "es un capítulo cerrado que no se volverá a abrir".
REPÚBLICA DOMINICANA
Sin embargo, ese mismo año la Asamblea Nacional quedó completamente desdibujada a golpe de sentencias y Henrique Capriles, que resurgió fortalecido tras oponerse al segundo diálogo convocó protestas "hasta restablecer el hilo constitucional".
Maduro devolvió la bofetada convocando elecciones a una Asamblea Constituyente, que quedó configurada en agosto como órgano netamente 'chavista' --la MUD consideró un fraude la convocatoria y las elecciones-- y absorbió todos los poderes del Estado, a excepción del Ejecutivo.
La comunidad internacional, ante el temor a que volvieran las protestas que se desarrollaron entre abril y junio con cerca de cien muertos y que concluyeron con bombardeos al Supremo y al Ministerio de Exteriores de Óscar Pérez y otros militares rebeldes, maniobró para conseguir un nuevo diálogo que aspiraba a ser el definitivo.
Las sesiones de trabajo en República Dominicana se sucedieron entre septiembre y febrero con una agenda de seis puntos para depurar responsabilidades por la violencia de 2014 y 2017, atajar la crisis económica y ofrecer garantías a la oposición de cara a los comicios presidenciales.
El diálogo estalló en febrero de 2018 por la imposibilidad de pactar una fecha para dichas elecciones. La MUD pretendía que fueran a final de año para tener tiempo de recomponerse tras las luchas intestinas y la ola de detenciones e inhabilitaciones entre sus filas. El Gobierno, en cambio, quería votar ya para atajar su desgaste.
LA CRISIS POLÍTICA
La crisis política empeoró el 10 de enero, cuando Maduro decidió iniciar un segundo mandato de seis años fundado en su triunfo electoral. En respuesta, Guaidó se autoproclamó mandatario interino con el objetivo de cesar la "usurpación", crear un gobierno de transición y celebrar "elecciones libres".
Estados Unidos, la mayoría de los países latinoamericanos, incluido Colombia, y numerosos europeos, entre ellos España, han reconocido a Guaidó como "presidente encargado". No obstante, Maduro cuenta con importantes apoyos, como Rusia, China y Turquía, además de Cuba, Nicaragua y Bolivia.
La situación se ha agravado a raíz del 30 de abril, cuando Guaidó y un liberado Leopoldo López capitanearon un alzamiento militar que, según la versión estadounidense, se vio frustrado por la intervención de Rusia y Cuba. Desde entonces, el vicepresidente de la Asamblea Nacional ha sido detenido y la Justicia ha señalado a varios diputados.